19/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Reunión de referentes de comercios de la frontera y la CAME. Imagen: Prensa.
Comerciantes, representantes de CAME y funcionarios de Salta buscan que el Gobierno nacional revise la resolución 5910/2026, que limita la venta de determinados productos argentinos a compradores bolivianos. Mientras se analiza presentar un recurso de reconsideración y posibles amparos judiciales, crece la preocupación por el impacto económico en las localidades fronterizas y por las dificultades para combatir el contrabando.
La provincia de Salta buscará que el Gobierno nacional revoque o modifique las restricciones que limitan la venta de productos argentinos a compradores de Bolivia. El reclamo apunta a la resolución 5910/2026 del Régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), vigente desde el 10 de octubre, que impide comercializar alimentos y otros productos esenciales en cantidades superiores a los límites establecidos, entre ellos harina por encima de los 10 kilogramos.
La medida generó preocupación entre comerciantes de distintas localidades salteñas, especialmente en las zonas limítrofes donde una parte de la actividad económica depende de las compras de consumidores bolivianos. En ese contexto, representantes del sector, funcionarios provinciales y autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) analizaron alternativas para exigir una revisión de la normativa.
Durante una reunión realizada en la Cámara de Comercio de Salta, se planteó la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración ante Nación para que se revise la resolución. Además, los municipios fronterizos de Aguas Blancas y Salvador Mazza evalúan recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo.
El secretario de Comercio e Industria de Salta, Rodrigo Monzo, cuestionó la forma en que se tomó la decisión y advirtió que las restricciones no contemplan la realidad económica de las zonas fronterizas. «Se decide detrás de un escritorio sin entender la lógica de frontera», sostuvo.
El funcionario aseguró que la Provincia trabaja en una presentación ante el Gobierno nacional y afirmó que todavía existe margen para corregir la medida. También alertó que los controles instalados por Salta en algunos pasos fronterizos podrían funcionar apenas al 10% de su capacidad operativa como consecuencia de la nueva regulación.
Comerciantes advierten sobre el impacto de las restricciones
El encuentro contó con la participación de Fabián Hryniewicz, presidente de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, quien sostuvo que es necesario diferenciar el contrabando de las operaciones comerciales legales entre Argentina y Bolivia.
Según planteó, el ingreso ilegal de mercadería debe ser investigado y tratado como un delito. Sin embargo, remarcó que la venta de productos argentinos con origen y trazabilidad comprobables no puede recibir el mismo tratamiento que el contrabando.
Hryniewicz también consideró necesario revisar los mecanismos de control, el funcionamiento de las plataformas digitales de compraventa y las regulaciones impositivas aplicadas en las fronteras. El objetivo, señaló, debería ser establecer reglas que contemplen las variaciones cambiarias y las particularidades comerciales de cada zona.
El representante de CAME cuestionó, además, la efectividad de las disposiciones adoptadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según su evaluación, muchas de estas resoluciones terminan perdiendo efectividad porque los organismos encargados de aplicarlas no logran cubrir todos los vacíos de control.
Proponen una ley para el comercio vecinal fronterizo
Desde CAME se plantearon distintas alternativas para enfrentar el problema sin paralizar la actividad comercial legal. Entre ellas, se encuentran un proyecto de ley de comercio vecinal fronterizo y modificaciones a artículos del Código Aduanero.
Las propuestas buscan fortalecer los controles sobre el origen de la mercadería y su trazabilidad, al tiempo que permitan sostener las ventas formales y proteger a los consumidores. Los participantes de la reunión coincidieron en que las restricciones deben acompañarse de alternativas económicas que eviten perjudicar a las localidades cuya actividad depende del intercambio con los países vecinos.
«Esto no se resuelve a garrotazos, sino con medidas económicas», afirmó Hryniewicz. El dirigente también señaló que las zonas de frontera enfrentan una situación laboral frágil y propuso avanzar con incentivos para instalar empresas productivas en esas regiones, con el propósito de generar empleo y reducir la dependencia de las operaciones comerciales fronterizas.
La discusión expuso así una tensión entre la necesidad de combatir el comercio ilegal y el impacto que las restricciones pueden tener sobre comerciantes que venden mercadería de origen legal.
Aguas Blancas y Salvador Mazza analizan ir a la Justicia
La preocupación también alcanza a los gobiernos locales. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, evalúan presentar un recurso de amparo contra la resolución nacional.
Ambas localidades están ubicadas sobre la frontera con Bolivia y sus economías mantienen un vínculo directo con el movimiento comercial entre ambos países. Por eso, las autoridades consideran que las nuevas limitaciones pueden afectar de manera significativa a comerciantes y consumidores.
En paralelo, Hryniewicz y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, mantuvieron una reunión con el fiscal federal Ricardo Toranzos para exponer su preocupación por la permeabilidad de la frontera y el impacto del contrabando sobre los negocios formalmente establecidos.
Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con el contrabando de cigarrillos procedentes de Paraguay, que abastecería un importante mercado de venta en Argentina. Según fuentes judiciales citadas tras el encuentro, la investigación sobre ese circuito ilegal sería formalizada próximamente.
Mientras avanzan las gestiones, comerciantes y funcionarios salteños buscan que Nación revise la normativa y distinga entre el contrabando y las ventas legales. El reclamo central es evitar que una medida presentada como herramienta de control termine perjudicando a la economía formal de las localidades fronterizas.
