05/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La investigación por una presunta estafa inmobiliaria en Cerrillos avanza luego del allanamiento de una escribanía del centro salteño, donde la Justicia busca documentación original y pruebas vinculadas con la posible falsificación de firmas en la venta irregular de un terreno de más de seis hectáreas.
El caso involucra a varias familias que habrían pagado por sus terrenos, pero nunca recibieron la posesión legal de los inmuebles. Además, el abogado querellante Ricardo Belbruno advirtió que entre los posibles damnificados también podría haber funcionarios.
En declaraciones a El Once TV, el letrado confirmó que representa a distintas familias afectadas y reclamó avances concretos para esclarecer la maniobra y garantizar que los compradores puedan acceder a las tierras que pagaron.
«Hay varias familias en realidad que han sido estafadas, que han pagado y no se les cumplió, y probablemente también otra gente, incluso funcionarios», sostuvo Belbruno.
Allanaron una escribanía por posibles firmas falsas
Uno de los últimos avances de la causa fue el allanamiento de una escribanía ubicada en calle General Güemes al 1100, ordenado por el juez de Garantías Jorge Musa a pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.
El procedimiento tuvo como objetivo secuestrar escrituras originales y avanzar en la investigación sobre la presunta falsificación de firmas en la operación inmobiliaria cuestionada.
Belbruno también hizo referencia a la intervención de organismos administrativos en la documentación bajo investigación y pidió celeridad a la Justicia.
«Solicitamos premura a la Justicia, más aún cuando se trata de manchar el nombre de escribanías que son muy serias y respetadas, habiendo intervenido incluso la Dirección General de Inmuebles admitiendo la escritura», manifestó.
El perjuicio podría llegar a los $15 millones por familia
Otro de los puntos que preocupa a los damnificados es la dimensión económica de la presunta estafa. Según estimó el abogado querellante, cada familia habría desembolsado al menos 5 millones de pesos, aunque actualmente el perjuicio podría ubicarse entre los 10 y 15 millones por comprador.
El profesional aclaró que los montos deberían actualizarse de acuerdo con lo que cada familia pagó originalmente.
Mientras la investigación continúa, los damnificados esperan que la causa avance y puedan recuperar el acceso a los terrenos adquiridos.
«Nosotros queremos un avance concreto para que las familias ya puedan tener su terreno y su tierra», concluyó Belbruno.
