La doble vara de la Justicia: impunidad para Adorni y persecución contra los movimientos sociales

16/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La actuación del fiscal Gerardo Pollicita quedó bajo cuestionamiento por utilizar criterios opuestos en dos causas judiciales. Mientras consideró insuficientes las pruebas para avanzar contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, pidió agravar las acusaciones contra dirigentes del Polo Obrero. Las defensas denuncian una Justicia que aplica distintas reglas según quién esté sentado en el banquillo.

La actuación del fiscal Gerardo Pollicita en dos investigaciones judiciales volvió a poner en discusión los criterios utilizados por la Justicia. Con apenas unos días de diferencia, el funcionario judicial adoptó posiciones contrapuestas frente a las explicaciones de Manuel Adorni y los dirigentes del Polo Obrero.

El 6 de noviembre, Pollicita resolvió dejar sin efecto la investigación contra el exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Consideró que no había elementos suficientes para refutar su explicación sobre el origen de 565.000 dólares en efectivo que no habrían sido declarados, utilizados para comprar un departamento en Caballito y realizar refacciones en otros inmuebles.

Adorni sostuvo que había adquirido bitcoins entre 2014 y 2018 y que posteriormente los vendió en efectivo, mediante operaciones particulares y sin utilizar plataformas digitales. Aunque el propio fiscal calificó esa explicación como «novedosa» y «hasta entonces poco verosímil», terminó aceptándola porque, según argumentó, no pudo ser desvirtuada.

Sin embargo, el mismo criterio no habría sido aplicado a los integrantes de organizaciones sociales investigados por administrar comedores populares.

El Polo Obrero, bajo una acusación más severa

Días antes de su decisión sobre Adorni, Pollicita apeló el sobreseimiento de cinco delegados de comedores del Polo Obrero, dispuesto por el juez Sebastián Casanello. Además, solicitó agravar las acusaciones contra otros dirigentes de la organización, entre ellos los que encabeza Eduardo Belliboni y que esperan la realización del juicio oral.

La causa investiga presuntos delitos de coacción, extorsión y defraudación a la administración pública. Se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y avanzó hacia el juicio oral en un plazo que las defensas consideran acelerado.

Los abogados de los acusados cuestionan la investigación y sostienen que existieron irregularidades procesales. Entre otros puntos, denuncian que se impidió incorporar testigos y que fueron desestimadas pruebas presentadas por los peritos de la organización.

También cuestionan la acusación por el supuesto manejo irregular de fondos del programa Potenciar Trabajo. Según la defensa, existen elementos materiales que respaldan los gastos realizados por las cooperativas, entre ellos una imprenta y computadoras que todavía permanecen en las instalaciones de la organización.

Otro eje de la acusación es la supuesta extorsión a beneficiarios de planes sociales mediante amenazas de quitarles sus prestaciones si no participaban de determinadas actividades.

Sin embargo, los abogados sostienen que las organizaciones sociales no tienen facultades para dar de baja los programas, una atribución exclusiva del Estado. También remarcan que los beneficiarios podían elegir libremente dónde realizar su contraprestación laboral.

De acuerdo con los datos aportados por la organización, 30.000 beneficiarios eligieron voluntariamente incorporarse al Polo Obrero.

La misma ley, interpretaciones opuestas

Para los abogados Eduardo Penello y Liliana Alaniz, la diferencia entre los dictámenes del fiscal evidencia una doble vara judicial, especialmente en la manera de valorar las pruebas y las explicaciones de los acusados.

Penello explicó que, en el expediente de Adorni, Pollicita recurrió al jurista Julio Maier para sostener que toda persona imputada conserva su presunción de inocencia durante el proceso y que corresponde al Estado demostrar lo contrario.

Pero, según el abogado, en la causa del Polo Obrero el fiscal invirtió ese razonamiento: consideró que las defensas no habían logrado desvirtuar las pruebas de la acusación.

Alaniz también cuestionó el uso de expresiones como «no puede descartarse». Según señaló, el fiscal las utilizó para otorgar credibilidad a la explicación de Adorni, pero las aplicó en sentido contrario al evaluar la responsabilidad de los dirigentes sociales.

La diferencia también aparece en la valoración de la ausencia de pruebas directas.

En el expediente del exfuncionario, Pollicita consideró que las operaciones en efectivo y sin intermediarios digitales dificultaban obtener información sobre las transacciones. Esa imposibilidad terminó favoreciendo al investigado.

En cambio, para la causa del Polo Obrero, el fiscal habría recurrido a lo que denominó «prueba contextual» para sostener la hipótesis de coacción, pese a la falta de elementos directos que acreditaran las amenazas denunciadas.

Los abogados también cuestionaron el tratamiento del contexto económico y patrimonial. Penello señaló que, en el caso Adorni, el fiscal separó las posibles irregularidades de su «valoración ética o moral», mientras que en la investigación contra los delegados sociales utilizó el contexto de la organización para reforzar las acusaciones individuales.

Comedores populares y dirigentes sociales en la mira

La controversia adquiere mayor dimensión por la situación de las dirigentes sociales que deberán presentarse ante los tribunales de Comodoro Py y que podrían ser incorporadas al juicio oral.

Se trata de mujeres que participan en el sostenimiento de centenares de comedores populares que alimentan a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Su trabajo estaba vinculado a los programas sociales que contemplaban una contraprestación laboral y que otorgaban ingresos mensuales de 79.000 pesos. Esos montos fueron primero congelados y posteriormente eliminados por el Gobierno nacional.

En contraste, el expediente de Adorni involucra operaciones por cientos de miles de dólares y gastos patrimoniales que despertaron cuestionamientos. Entre ellos, la construcción de una cascada en el jardín de su vivienda ubicada en el country Indio Cuá.

La comparación entre ambos expedientes vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿la Justicia aplica los mismos criterios cuando investiga a funcionarios del poder que cuando procesa a dirigentes de organizaciones populares?

Presos por protestar contra la reforma laboral

En otro apartado, el informe también expone la situación de Milton Tolomeo y Eneas Gallo, detenidos desde hace más de nueve meses en el penal federal de Marcos Paz.

Ambos fueron imputados por tenencia de explosivos, daños y ataque a la autoridad. El fiscal Claudio Stornelli y el juez Ariel Lijo dispusieron sus prisiones preventivas mientras esperan un juicio oral que todavía no tiene fecha.

La acusación podría agravarse con la incorporación de la figura de terrorismo, que contempla penas de hasta 30 años de prisión.

Tolomeo trabaja como masajista y ayudante de encargado de edificio, mientras que Gallo se desempeña como repartidor de aplicaciones. Los dos participaron de las movilizaciones contra la aprobación de la ley de modernización laboral.

En el caso de Tolomeo, fue detenido días después en su lugar de trabajo por su presunta similitud física con otros manifestantes registrados por cámaras de seguridad.

El 8 de noviembre inició una huelga de hambre para denunciar lo que considera una detención ilegal. Mientras tanto, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos prepara una movilización junto con otras organizaciones para reclamar la libertad de ambos.