16/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Luis Toto Caputo. Imagen: Juan Carlos Casas.
El Gobierno modificó las condiciones para que las compañías sean consideradas proveedoras locales y puedan cumplir con el cupo del 20% de compras nacionales. La decisión desoye los reclamos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y genera nuevas dudas sobre cuánto beneficiará el régimen a la industria radicada en el país.
El ministro de Economía, Luis Caputo, flexibilizó el requisito de compre nacional del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó mayores facilidades para que empresas de capitales extranjeros computen sus operaciones como compras locales.
La modificación fue publicada este lunes mediante un decreto que introduce cambios en la reglamentación del régimen. La medida establece un nuevo criterio para definir quiénes pueden ser considerados proveedores locales y, por lo tanto, contabilizar dentro del cupo mínimo del 20% de compras nacionales exigido por el RIGI.
A partir de ahora, será considerada proveedora local cualquier empresa que esté constituida y tenga domicilio en Argentina, sin importar la nacionalidad de sus accionistas, su lugar de residencia o el origen del capital social.
El cambio modifica las condiciones que regían hasta el momento y abre la posibilidad de que compañías controladas íntegramente por capitales extranjeros accedan a esa categoría, siempre que tengan una sociedad constituida en el país.
Empresas extranjeras podrán computar como proveedoras locales
El alcance de la modificación fue explicado por Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, quien señaló que una compañía extranjera con una sociedad constituida en Argentina podría fabricar equipos para un proyecto minero y ser considerada proveedora local, aunque todos sus accionistas sean extranjeros.
Rodríguez advirtió que el RIGI deja de combinar la radicación con el control societario local y pasa a utilizar únicamente el criterio de constitución y domicilio de la empresa.
En ese sentido, sostuvo que cumplir con el requisito del 20% de compras locales ya no garantiza que ese porcentaje beneficie principalmente a empresas controladas por capitales radicados en Argentina.
La decisión representa un cambio significativo para los proveedores industriales nacionales, que deberán competir dentro de un esquema en el que también podrán participar sociedades locales pertenecientes a grupos empresarios extranjeros.
Caputo desoyó los reclamos de la Unión Industrial Argentina
La modificación también profundiza las diferencias entre el Ministerio de Economía y la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), que había reclamado mayores garantías para la participación de las empresas nacionales en los proyectos alcanzados por el RIGI.
Meses atrás, la entidad pidió que el cupo del 20% se destinara específicamente a bienes industriales nacionales. También propuso establecer mecanismos de integración progresiva para ampliar la participación de proveedores argentinos a medida que avanzaran las inversiones.
Sin embargo, el Gobierno avanzó en sentido contrario y flexibilizó las condiciones para computar las compras locales, sin incorporar las exigencias reclamadas por el sector industrial.
El antecedente del proyecto Vicuña y las importaciones desde China
Uno de los antecedentes que expuso las dificultades para la industria nacional fue el proyecto minero Vicuña, en San Juan, donde se anunció la importación desde China de una ciudad modular destinada a alojar a los trabajadores.
En aquel momento, la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada cuestionó la decisión y señaló que el proyecto involucraba 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero, que llegarían desde el exterior listas para ser ensambladas.
Según las estimaciones de proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría permitido generar entre 400 y 500 empleos directos. En cambio, con el esquema de importación previsto, quedarían alrededor de 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
La nueva reglamentación del RIGI vuelve a poner en discusión el impacto del régimen sobre la producción local y el empleo industrial. Aunque mantiene el requisito del 20% de compras locales, amplía el universo de empresas que pueden computar como proveedoras nacionales, incluso cuando su capital sea completamente extranjero.



