Chicoana: policía asesinó a su expareja en instancia de mediación

20/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Carlos Pascal. Imagen: Redes sociales.
Denise Gisel Viñabal, de 27 años, fue asesinada de un disparo en el rostro en un Centro de Mediación de la Municipalidad de Chicoana. El presunto agresor, un efectivo de la Policía de Salta y padre de las dos hijas de la víctima, escapó tras el ataque y murió luego de dispararse durante un operativo policial. El crimen reabrió el debate sobre la aplicación de las leyes que prohíben la mediación en situaciones de violencia de género y los mecanismos de prevención en la provincia.

El crimen ocurrió este jueves, alrededor de las 14, en el Centro de Mediación que funciona en dependencias de la Municipalidad de Chicoana. Denise Gisel Viñabal, de 27 años, recibió un disparo en el rostro durante una instancia de mediación con su expareja, un efectivo de la Policía de Salta.

El encuentro estaba relacionado con cuestiones vinculadas a las dos hijas que tenían en común, ambas menores de edad.

Hasta el momento, no se informó si existían denuncias previas por violencia de género. El Ministerio Público Fiscal de Salta no aportó información sobre ese aspecto.

Según relató el periodista Germán Cruz a Salta/12, después del ataque el policía, identificado extraoficialmente como Carlos Enrique Pascal, de 32 años, escapó hacia una zona rural cercana a Chicoana y buscó refugio en una finca.

Cuando el operativo policial logró cercarlo, ingresó a una zona de monte y se efectuó un disparo. Fue encontrado gravemente herido y trasladado en código rojo al hospital local, pero murió durante el trayecto.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, intervino en la investigación y se trasladó hasta Chicoana para coordinar las tareas de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La funcionaria dispuso el traslado de ambos cuerpos al Servicio de Tanatología Forense para la realización de las autopsias. También informó que se encuentran en marcha las medidas necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho.

La mediación bajo cuestionamiento: las leyes prohíben estos encuentros en casos de violencia

El femicidio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de los centros de mediación y su intervención en conflictos atravesados por situaciones de violencia de género.

La legislación argentina establece límites expresos para este tipo de procedimientos. El artículo 28 de la Ley Nacional 26.485, sancionada en 2009, prohíbe las audiencias de mediación o conciliación en los procedimientos por violencia contra las mujeres.

En Salta, la prohibición también está contemplada en el artículo 13 de la Ley Provincial 7.888, sancionada en 2015, que establece que en todos los trámites relacionados con casos de violencia está prohibida la mediación o conciliación.

La exsenadora provincial del Partido Obrero Gabriela Cerrano viene advirtiendo desde hace años sobre los riesgos de convocar a mujeres que denunciaron violencia a encuentros de mediación con sus agresores.

Tras conocerse el crimen de Viñabal, cuestionó duramente el funcionamiento de estos espacios y aseguró que distintas mujeres habían denunciado situaciones similares durante años.

Cerrano sostuvo que, pese a las advertencias, desde sectores políticos y judiciales se negaba que la mediación fuera utilizada en casos de violencia de género, bajo el argumento de que solamente se convocaba a las partes cuando existía la posibilidad de alcanzar acuerdos y reducir la carga de trabajo judicial.

Durante sus mandatos como concejal y senadora, relató que recibió testimonios de mujeres convocadas a mediaciones por cuestiones alimentarias o regímenes de visitas junto con exparejas denunciadas por violencia.

Según explicó, los encuentros se realizaban cara a cara y algunas víctimas terminaban aceptando las condiciones impuestas por sus agresores por miedo a sufrir nuevas situaciones de violencia.

También señaló que muchas mujeres sentían que no presentarse a esas instancias podía perjudicarlas en las causas judiciales por violencia de género o en los expedientes civiles vinculados con alimentos y regímenes de comunicación.

Entre los antecedentes que mencionó, recordó el caso de una mujer a quien le impusieron un régimen de visitas durante una mediación, pese a que el hombre tenía denuncias por golpes y lesiones graves.

Un policía armado y centros sin protocolos de intervención

Cerrano también cuestionó las condiciones de funcionamiento de los centros de mediación en el interior de Salta. Advirtió que muchos operan en dependencias municipales y no cuentan con protocolos adecuados para intervenir ante situaciones violentas.

En el caso de Chicoana, puso especial atención en que el hombre señalado como autor del crimen era integrante de la Policía y tenía autorización para portar un arma de fuego.

La exlegisladora remarcó que la situación de un efectivo policial no puede equipararse a la de cualquier ciudadano, debido a que está habilitado para portar armas incluso cuando no se encuentra de servicio.

Sobre el femicidio, calificó el procedimiento como una actuación de extrema irresponsabilidad y sostuvo que Denise fue citada a un espacio donde quedó expuesta frente a su agresor.

Además, denunció que en otros casos de violencia ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad contra sus parejas, las mujeres habrían sido desalentadas a realizar denuncias penales con el argumento de que los hechos serían abordados por Asuntos Internos.

Frente a este escenario, reclamó una revisión del funcionamiento de los dispositivos de mediación y sostuvo que no deben utilizarse en situaciones de violencia de género ni en conflictos familiares cuando existe un contexto de violencia que coloca a las víctimas en una situación de desigualdad.

Reclamos políticos y cifras alarmantes de violencia contra las mujeres

La exsenadora responsabilizó políticamente al ministro de Justicia, Ignacio Jarsún, y al gobernador Gustavo Sáenz por el funcionamiento de los centros de mediación y las políticas de prevención de la violencia de género.

También cuestionó el tratamiento judicial que reciben las mujeres que se defienden de sus agresores y mencionó el caso de Romina Balverdi, de Tartagal, quien enfrenta una causa penal por haber dado muerte a su agresor después de 18 años de denunciar situaciones de violencia.

En relación con las estadísticas provinciales, Cerrano afirmó que, según su relevamiento, durante 2026 fueron asesinadas 19 mujeres en Salta y 11 de esos casos fueron confirmados como femicidios. Además, advirtió que dos crímenes ocurrieron en los últimos seis días.

Otro seguimiento eleva a 20 las muertes violentas de mujeres registradas este año en la provincia, con 12 casos confirmados como femicidios y otros ocho bajo sospecha.

Como referencia, durante 2025 se registraron seis femicidios en Salta.

A seis días del 25N, reclaman políticas públicas para prevenir los femicidios

El Observatorio Popular Feminista de Salta Ñawi también se pronunció tras el asesinato de Denise Viñabal y cuestionó que el crimen haya ocurrido dentro de un Centro de Mediación, un espacio donde la víctima debía encontrar una instancia de resolución y protección.

En un comunicado difundido a seis días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización reclamó políticas públicas de prevención, seguimiento de las situaciones de violencia y respuestas institucionales capaces de intervenir antes de que se produzcan nuevos femicidios.

Desde Ñawi advirtieron que no alcanza con las conmemoraciones y exigieron instituciones que protejan, mecanismos de prevención y respuestas estatales oportunas.

El pronunciamiento también incluyó entre las víctimas de las violencias machistas a mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y bisexuales.

«La violencia de género no es un asunto privado. Es una responsabilidad colectiva y una deuda del Estado», sostuvo el observatorio.

Finalmente, exigió justicia y políticas concretas para evitar que otras mujeres tengan que morir para que las situaciones de violencia sean escuchadas.

Por su parte, Gabriela Cerrano convocó a participar de la movilización del 25 de noviembre y reclamó respuestas estatales que garanticen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.