12/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
La agonía de María del Carmen Moya, una abuela de 67 años, encarna el colapso silencioso del sistema de salud para jubilados y pensionados en la Argentina. Internada en el hospital de La Merced desde el 1° de febrero, María del Carmen espera una respuesta concreta del PAMI para poder ser operada de urgencia, pero esos trámites que deberían proteger su vida se convirtieron en una odisea burocrática sin fin ni certidumbre, denunciaron sus familiares.
El drama familiar se profundiza en cada día perdido: María del Carmen se quebró y necesita una intervención quirúrgica programada, pero la obra social más numerosa del país, que debería garantizar atención médica a jubilados, no ha dado señales claras de cuándo llegará la autorización que destrabe la operación requerida. La familia habla de “abandono de persona” por parte del PAMI, responsabilizando al organismo por la falta de respuesta mientras su salud se deteriora en una cama de hospital.
Esta situación no es un caso aislado en la obra social estatal: en todo el país se multiplican denuncias de jubilados y familiares que chocan contra la muralla de la demora. En Salta y otras provincias, afiliados al PAMI enfrentan filas interminables sin atención, cancelaciones de turnos, retrasos en insumos y falta de respuestas sobre la cobertura de tratamientos o derivaciones médicas, según diversas quejas registradas en los medios y redes sociales.
La crisis en la atención para jubilados se da en un contexto más amplio de tensiones financieras y reclamos por pagos adeudados a prestadores privados: clínicas y sanatorios en varias regiones del país advirtieron que, por la falta de pago y la depreciación de los aranceles, podrían suspender prestaciones ambulatorias y programadas a los afiliados del PAMI si la deuda no se regulariza, y sólo mantienen atención de urgencias en el límite de sus recursos.
En paralelo, afiliados reclaman que el organismo no responde o demoran meses para dar turnos, órdenes de prestación o autorizaciones para estudios y cirugías, lo que para muchos jubilados equivale a una sentencia de desguace institucional que ignora el inevitable paso del tiempo y las necesidades de salud de las personas mayores.
Para María del Carmen y su familia, cada día sin una respuesta firme del PAMI es un día más de incertidumbre, dolor y peligro para su vida. Reclaman que las autoridades del organismo —dirigido actualmente por Esteban Leguízamo— dejen de lado la burocracia y atiendan de inmediato la solicitud de operación que la mantiene postrada y esperando mientras el reloj corre en contra de quienes ya dieron tanto al país.
La historia de esta abuela salteña expone un síntoma preocupante: cuando los sistemas de protección social fallan en sus funciones más básicas —garantizar la salud y el derecho a ser atendido oportunamente—, los más vulnerables quedan a merced de las grietas de un Estado que cuesta reconocer como propio.
