28/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha de pañuelos verdes. Imagen: Web.
La Ley 27.610 continúa vigente, pero el acceso al aborto atraviesa un escenario diferente desde el retiro de Nación de la compra centralizada de medicamentos. Un relevamiento registró 87.603 interrupciones en 20 provincias durante 2025 y mayores dificultades de abastecimiento de misoprostol y mifepristona.
La Ley 27.610, vigente desde 2021, mantiene el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y contempla la interrupción legal después de ese plazo en determinadas circunstancias. Sin embargo, el escenario para acceder a estas prácticas cambió durante los últimos años, especialmente a partir del retiro del Estado nacional de la compra y distribución centralizada de medicamentos.
El nuevo esquema trasladó buena parte de la responsabilidad a las provincias, que cuentan con capacidades presupuestarias y sanitarias diferentes. El resultado no fue la desaparición de las prácticas, pero sí una mayor preocupación por los faltantes de medicamentos, las demoras y las diferencias territoriales.
El panorama vuelve a estar en discusión este 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, mientras organizaciones que defienden el acceso al aborto convocaron a una movilización frente al Congreso.
Qué cambió con el retiro de Nación
Durante los primeros años de implementación de la ley, el Estado nacional desarrolló una política federal de compra y distribución de misoprostol y mifepristona, además de fortalecer equipos y ampliar la red de atención.
En 2023, por ejemplo, Nación distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de misoprostol y mifepristona, según los datos difundidos en el informe citado.
A partir de 2024, ese esquema de compra centralizada dejó de funcionar de la misma manera y las provincias comenzaron a asumir una parte mayor del financiamiento y la provisión. Según el relevamiento de Proyecto mirar, 13 provincias sostienen actualmente el acceso con recursos propios.
Más de 87 mil interrupciones en 2025
El retiro de recursos nacionales no significó que las interrupciones dejaran de realizarse. Durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sistema público de 20 provincias, de acuerdo con el relevamiento de Proyecto mirar, elaborado por CEDES e Ibis Reproductive Health.
La cifra se mantuvo prácticamente estable respecto del período anterior. La tasa registrada fue de 7,45 interrupciones cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023.
La red pública también conserva una importante capacidad de atención. Durante 2025 fueron identificados 1.846 efectores que garantizaban interrupciones voluntarias y legales, frente a 1.862 registrados en 2023.
Los datos muestran que la estructura construida desde la sanción de la ley continúa funcionando, aunque ahora depende en mayor medida de la capacidad de cada jurisdicción para sostenerla.
Faltantes de medicamentos y más consultas por obstáculos
Uno de los principales problemas señalados por las organizaciones especializadas es el abastecimiento de los medicamentos utilizados para las interrupciones.
Un informe de Amnistía Internacional citado en el relevamiento señala que durante 2025 más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol, mientras que casi todas informaron dificultades para conseguir mifepristona.
La línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud nacional recibió durante ese año 191 consultas vinculadas con falta de medicación. Según el mismo registro, Salta concentró el 46,1% de esos casos.
Además, Amnistía contabilizó 406 consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto durante 2025, frente a 102 durante 2024. La organización advierte que se trata de un registro propio y que no representa estadísticamente a todo el país, aunque lo considera un indicador de las dificultades que comenzaron a aparecer.
El problema de las desigualdades provinciales
La distribución de responsabilidades entre Nación y las provincias adquiere especial importancia porque los sistemas sanitarios provinciales no cuentan con los mismos recursos.
Según los datos citados por Amnistía Internacional, las provincias ya financian más del 75% del gasto público en salud. En ese contexto, trasladar el costo de medicamentos y otras políticas de salud sexual y reproductiva puede generar diferencias en la capacidad de respuesta entre jurisdicciones.
Así, el derecho continúa siendo nacional, pero las condiciones concretas para ejercerlo pueden depender cada vez más del lugar donde viva la persona que solicita la atención.
San Isidro: un caso que llegó a la Justicia
Las dificultades también pueden aparecer en forma de trámites adicionales, derivaciones o demoras.
Un caso que llegó a los tribunales ocurrió en San Isidro, donde organizaciones cuestionaron un protocolo municipal que incorporaba requisitos adicionales para acceder a la interrupción del embarazo.
Entre las condiciones cuestionadas figuraban una consulta psicológica previa, nuevas instancias para ratificar la decisión y restricciones vinculadas con el acceso por la causal salud, además de modificaciones en el circuito de atención.
En agosto de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro hizo lugar a la mayor parte de una medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y ordenó suspender el protocolo cuestionado.
La resolución estableció que el municipio debía garantizar las prácticas dentro de los plazos previstos por la legislación nacional y proteger la confidencialidad de las personas que solicitaran atención.
La ley no fue derogada
Pese a los cambios en la política sanitaria y al debate político sobre el aborto, existe un dato central: la Ley 27.610 continúa vigente.
Según Proyecto mirar, entre agosto de 2025 y julio de 2026 se presentaron 75 proyectos relacionados con aborto y salud sexual y reproductiva. Algunos plantearon modificaciones o restricciones, pero ninguno obtuvo dictamen ni llegó al recinto durante ese período.
Desde la sanción de la ley también se iniciaron 38 causas judiciales para cuestionarla. De ese total, 35 fueron rechazadas y tres continúan en trámite ante la Corte Suprema.
La discusión, por lo tanto, se desplazó en buena medida desde la existencia formal del derecho hacia las condiciones necesarias para garantizarlo: presupuesto, medicamentos, información, organización sanitaria y decisiones administrativas.
El nuevo escenario político
El Gobierno de Javier Milei también adoptó posiciones diferentes de las administraciones anteriores en materia de derechos sexuales y reproductivos.
En agosto de 2026, Argentina adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra, un documento que sostiene, entre otros puntos, que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo.
La adhesión no modificó la Ley 27.610 ni eliminó el derecho vigente en Argentina, pero representa un cambio en la posición internacional del país respecto de esta cuestión.
Mientras tanto, organizaciones y equipos de salud sostienen que buena parte de la continuidad de las prestaciones depende actualmente de los sistemas provinciales, profesionales y organizaciones que mantienen la atención pese a las dificultades de financiamiento y abastecimiento.
El escenario plantea así una diferencia cada vez más marcada entre la vigencia jurídica del derecho y las condiciones concretas para ejercerlo en cada territorio.
