08/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: SIDE. Imagen: Web.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió un duro revés judicial luego de que el juez federal Walter Lara Correa calificara como «arbitraria e ilegítima» la negativa del organismo a entregar documentación correspondiente al período de la última dictadura militar.
La resolución responde a una acción impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta, organizaciones que reclaman acceder a archivos oficiales comprendidos entre 1976 y 1983, considerados de interés para investigaciones por crímenes de lesa humanidad y para la búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado.
La SIDE había prometido desclasificar documentos
El conflicto se remonta al anuncio realizado por el Gobierno nacional el 24 de marzo de 2025, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la SIDE avanzaría con la desclasificación de documentación histórica, en cumplimiento del Decreto 4/2010, que eliminó la clasificación de seguridad sobre gran parte de los archivos de la dictadura.
Sin embargo, los organismos denunciaron que esa promesa nunca se concretó plenamente y que el acceso a la información continúa restringido.
Las explicaciones no convencieron al juez
Durante el proceso judicial, la SIDE argumentó que la búsqueda de la documentación demandaba un importante esfuerzo administrativo y sostuvo que ya había publicado parte de los archivos solicitados.
Para Lara Correa, esos argumentos no alcanzan. El magistrado consideró que el organismo únicamente difundió un conjunto reducido de documentos seleccionados de manera unilateral y que esa decisión no satisface el derecho de acceso a la información pública.
En su fallo recordó que el principio de «máxima divulgación», reconocido por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que toda información pública debe ser accesible, salvo excepciones debidamente fundamentadas.
Además, advirtió que la invocación genérica de razones de seguridad o inteligencia no constituye una justificación suficiente para negar el acceso a la documentación.
Archivos clave para las causas de lesa humanidad
Entre los documentos reclamados figuran órdenes internas, sumarios administrativos, organigramas, resoluciones, recibos de sueldo de agentes de inteligencia e información vinculada al funcionamiento de la SIDE durante la dictadura, incluyendo registros relacionados con Otto Carlos Paladino, quien encabezó el organismo durante los primeros años del régimen militar.
Las organizaciones también solicitaron inventarios y herramientas archivísticas elaboradas desde 2020, cuando la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, impulsó un programa de relevamiento de documentación histórica.
Ese trabajo permitió remitir información a distintos juzgados federales que investigan delitos de lesa humanidad y colaborar con la identificación de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado.
La disputa seguirá en la Cámara
El juez ordenó que la SIDE, actualmente dirigida por Cristian Auguadra, dicte un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado para responder el pedido de acceso.
Tanto la SIDE como las organizaciones de derechos humanos apelaron la decisión.
Mientras el organismo de inteligencia busca revertir el fallo, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta sostienen que la Justicia debería haber ordenado directamente la entrega de toda la documentación solicitada, al considerar que la normativa vigente no habilita mantener esos archivos bajo reserva.
