07/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: El vocero presidencial Adrián Ravier. Imagen: Prensa.
El discurso contra los privilegios de la política volvió a quedar bajo la lupa luego de que el Gobierno de Javier Milei confirmara que Manuel Adorni continúa utilizando custodia personal y vehículo oficial pese a haber abandonado su cargo como funcionario nacional.
La explicación oficial fue que la medida responde a «cuestiones de seguridad», aunque la decisión generó nuevas críticas y cuestionamientos por la continuidad de beneficios que suelen estar asociados a los altos cargos del Estado.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, al responder una consulta sobre la situación del exfuncionario.
«Por motivos de seguridad por ahora se mantiene», afirmó Ravier ante los periodistas acreditados.
El funcionario que se fue, pero mantiene la protección estatal
Adorni dejó su puesto como vocero presidencial en medio de una etapa marcada por cuestionamientos públicos y una investigación judicial que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito.
En su carta de renuncia, el exfuncionario había señalado que recibió amenazas vinculadas al expediente judicial que lo tiene bajo investigación.
Ese argumento fue utilizado por el Gobierno para justificar la continuidad de la custodia personal, aunque la permanencia del beneficio abrió un nuevo debate sobre los privilegios que conservan algunos dirigentes incluso después de abandonar sus cargos.
La contradicción con el discurso contra la «casta»
La decisión genera ruido político porque uno de los principales ejes discursivos de la administración de Javier Milei fue precisamente la eliminación de los privilegios de la dirigencia política.
Desde su llegada al poder, el oficialismo construyó una narrativa basada en terminar con beneficios considerados propios de la «casta», cuestionando el uso de recursos públicos por parte de funcionarios.
Sin embargo, la continuidad de la custodia y el vehículo oficial para un exintegrante del Gobierno volvió a instalar la discusión sobre si esas reglas se aplican de la misma manera para todos.
El Gobierno negó una auditoría por las compras cuestionadas
Durante la misma conferencia, el vocero Adrián Ravier negó que el Ejecutivo haya impulsado una auditoría interna para revisar las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en nombre de Adorni.
La información había surgido en el marco de los cuestionamientos sobre adquisiciones efectuadas durante su gestión.
«El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará», sostuvo Ravier.
De esta manera, la administración libertaria buscó despegarse de una investigación interna y dejó el análisis del caso exclusivamente en manos del Poder Judicial.
Una polémica que vuelve a poner el foco en los privilegios del poder
La situación de Adorni reabre una discusión que atraviesa a todos los gobiernos: qué beneficios corresponden a quienes ocupan cargos de alta exposición y durante cuánto tiempo deben mantenerse una vez finalizada la función pública.
Mientras el Gobierno sostiene que la custodia responde a una necesidad de seguridad, sectores críticos cuestionan que funcionarios que abandonaron sus puestos continúen accediendo a recursos estatales que muchos ciudadanos consideran privilegios.
El caso vuelve a poner en tensión una de las principales banderas del oficialismo: la promesa de terminar con la vieja política mientras algunos de sus propios dirigentes mantienen beneficios asociados al poder que dicen combatir.
