06/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Adorni se va de la jura de Santilli en un auto oficial. Imagen: LPO/Juan Casas.
Apenas dejó el Gobierno, pero los privilegios parecen seguir intactos. El ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una nueva tormenta judicial luego de que fuera denunciado por continuar utilizando custodia policial y vehículos oficiales financiados por el Estado, pese a no ejercer ya ninguna función pública.
La denuncia fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini. La legisladora apunta no sólo contra Adorni, sino también contra los funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y la Policía Federal que habrían autorizado la continuidad de esos beneficios.
Según la presentación judicial, una vez formalizada su salida del Gobierno, Adorni perdió todo respaldo legal para seguir utilizando recursos públicos destinados exclusivamente a funcionarios en ejercicio. Sin embargo, sostiene que continuó desplazándose con custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales, en una situación que, de comprobarse, podría constituir un uso indebido de bienes del Estado.
Pagano remarca que la supuesta continuidad del operativo de seguridad estaría basada en amenazas que habría recibido el ex funcionario. No obstante, afirma que esas amenazas no habrían sido denunciadas formalmente ante la Justicia ni existiría una evaluación oficial de riesgo que justifique semejante despliegue.
La denuncia también pone el foco en la falta de un acto administrativo que autorice la utilización de esos recursos públicos, lo que abre interrogantes sobre quién ordenó mantener los beneficios y bajo qué fundamento legal.
No es la primera vez que Adorni queda bajo sospecha por el uso de bienes estatales. Durante su paso por el Gobierno ya habían trascendido denuncias por presuntos gastos millonarios con tarjetas oficiales y por la utilización de vehículos del Estado para actividades particulares, incluyendo traslados que nada tendrían que ver con funciones oficiales.
Ahora, la presentación judicial solicita que se investigue la posible comisión de delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Mientras el Gobierno de Javier Milei continúa defendiendo el discurso de la austeridad y el ajuste para la sociedad, una nueva denuncia vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos por parte de uno de sus ex funcionarios más cercanos.
