15/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Trabajos en el Banco Genético. Web.
La crisis presupuestaria golpeó de lleno a uno de los organismos más sensibles vinculados a las causas de lesa humanidad en Argentina. El Banco Nacional de Datos Genéticos lanzó una advertencia explosiva a juzgados y tribunales federales: podría dejar de realizar tomas de muestras biológicas por falta de recursos económicos, una situación que amenaza con paralizar investigaciones vinculadas a personas apropiadas durante la última dictadura militar.
La alerta quedó plasmada en una nota oficial enviada por la directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, donde se informó que el Banco atraviesa una “situación presupuestaria crítica” que ya impacta directamente en el cumplimiento de medidas judiciales ordenadas en causas de derechos humanos.
El mensaje encendió una fuerte preocupación en tribunales federales y organismos vinculados a investigaciones por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. El texto advierte que “no podrán llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, una frase que generó impacto inmediato en el ámbito judicial y político.
La situación afecta directamente al funcionamiento del organismo creado a partir de la histórica lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, encargado de preservar y analizar material genético utilizado para identificar personas nacidas en cautiverio o apropiadas ilegalmente durante la dictadura.
La advertencia ya provocó movimientos dentro de Comodoro Py. La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, dirigida por el fiscal Pablo Parenti, realizó presentaciones judiciales para alertar sobre el impacto que podría tener el ajuste presupuestario en las investigaciones en curso.
También intervinieron representantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, quienes presentaron escritos ante los juzgados federales de Ernesto Kreplak y Alejo Ramos Padilla advirtiendo sobre el escenario crítico que atraviesa el organismo.
En esas presentaciones se señala que el funcionamiento del Banco Genético es una pieza central para avanzar en causas de apropiación de menores, restituir identidades, determinar responsabilidades y continuar con investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.
Los números del ajuste muestran la magnitud del problema. Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el Banco Nacional de Datos Genéticos sufrió un recorte presupuestario del 57,3% en términos reales, según datos elaborados por el grupo Economía, Política y Ciencia perteneciente al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
El informe detalla que el ajuste afectó especialmente los gastos de funcionamiento, bienes de consumo, equipamiento y salarios. También se registró una fuerte reducción de personal: la planta laboral cayó un 34% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.
La situación impacta directamente en tareas básicas de funcionamiento. Fuentes vinculadas al organismo señalaron dificultades para sostener servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento edilicio, además de problemas para financiar viajes y viáticos necesarios para realizar extracciones de muestras genéticas en distintos puntos del país.
Dentro del Banco se preservan muestras biológicas fundamentales para investigaciones judiciales, incluyendo sangre, hisopados bucales, restos óseos y elementos con ADN secuestrados en allanamientos y excavaciones vinculadas a causas de desaparición forzada.
La crisis también alcanzó al área de genética forense que trabaja en la identificación de restos hallados en ex centros clandestinos de detención. Durante una conferencia vinculada a identificaciones realizadas en el predio de La Perla, el director del laboratorio de genética forense, Carlos Vullo, reconoció públicamente que no podía precisar cuándo habrá recursos para continuar procesando nuevas muestras.
En paralelo, la situación del Banco Genético se agravó tras la reestructuración impulsada por el Gobierno mediante el Decreto 351/2025, firmado por Milei, que modificó el estatus del organismo y lo transformó de ente descentralizado en organismo desconcentrado dentro de la estructura estatal.
La medida fue interpretada por distintos sectores políticos, judiciales y de derechos humanos como parte de un proceso de reducción presupuestaria y reorganización administrativa que impactó sobre áreas científicas y organismos vinculados a memoria y derechos humanos.
El tema escaló rápidamente al plano político. El senador Eduardo de Pedro cuestionó públicamente la situación del Banco y advirtió sobre el riesgo que atraviesan las investigaciones destinadas a encontrar a más de 300 nietos y nietas apropiados cuya identidad aún no fue restituida.
La preocupación también llegó a organismos internacionales. En su último informe anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó inquietud por el impacto que el ajuste presupuestario podría tener sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y las investigaciones relacionadas con apropiación de menores durante la dictadura.
Mientras tanto, en tribunales federales y organismos de derechos humanos crece la tensión por el posible freno en análisis, estudios y tomas de muestras que forman parte de causas judiciales aún abiertas vinculadas al terrorismo de Estado.
