22/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Los números vuelven a encender una fuerte preocupación en Salta. El Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial provincial acumula 1.890 personas inscriptas sobre un total de 1.935 registros, una cifra que refleja la persistencia de un problema que atraviesa a cientos de familias y pone en debate el incumplimiento de las responsabilidades parentales.
El dato no representa solamente una estadística judicial. Detrás de cada inscripción hay familias que atraviesan dificultades económicas y niñas, niños y adolescentes cuyos derechos pueden verse afectados cuando uno de los progenitores incumple de manera reiterada con la cuota alimentaria establecida por la Justicia.
Los registros incluyen casos que se extienden desde 2004 hasta 2025, lo que evidencia que no se trata de una situación reciente, sino de una problemática que lleva más de dos décadas y que continúa creciendo con el paso del tiempo.
Desde la Justicia salteña ya habían advertido sobre la magnitud del fenómeno. La secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, señaló que la mayoría de las personas incorporadas al registro son hombres y que la provincia presenta una de las tasas más elevadas de deudores alimentarios del país.
El incumplimiento de la cuota alimentaria no implica solamente una deuda económica. En muchos casos afecta directamente el acceso de niños y adolescentes a necesidades básicas como alimentación, salud, educación, transporte y vivienda.
La situación también vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la distribución de las tareas de cuidado y el peso que muchas veces recae de manera desigual sobre uno de los progenitores, que debe afrontar prácticamente en soledad los gastos cotidianos de crianza.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos funciona como una herramienta judicial destinada a identificar a quienes, pese a contar con una obligación fijada por un juez, mantienen incumplimientos reiterados en el pago de la cuota correspondiente.
La inclusión en este listado puede generar restricciones y consecuencias legales para quienes no cumplen con sus responsabilidades, ya que busca incentivar el cumplimiento de una obligación considerada fundamental para garantizar los derechos de los hijos.
La cifra de Salta vuelve a instalar un debate profundo: el pago de alimentos no es una cuestión secundaria ni un conflicto privado entre adultos, sino una obligación vinculada directamente con la protección de la infancia.
Mientras los registros continúan creciendo, organizaciones vinculadas a la defensa de derechos de niños y adolescentes advierten que cada demora o incumplimiento puede traducirse en menos recursos para quienes dependen de ese aporte para sostener su vida diaria.
Los casi 1.900 nombres que figuran en el registro representan una problemática que excede los expedientes judiciales. Es una realidad que atraviesa hogares, afecta a menores y obliga a la sociedad a discutir cómo garantizar que las responsabilidades familiares sean asumidas de manera efectiva.
En Salta, la lista sigue creciendo y deja una pregunta abierta: ¿cuántas familias continúan esperando que una obligación reconocida por la Justicia finalmente se transforme en una respuesta concreta?
