06/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Un Estado de espionaje por decreto. Diputados denuncian que Milei convierte la SIDE en una máquina de persecución. Imagen: Web.
El primer amparo contra el DNU con el que Javier Milei reformó de un plumazo el sistema de inteligencia ya está en los tribunales. No es un trámite menor: los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Partido Socialista) pidieron suspender de inmediato el decreto y declararlo inconstitucional, nulo y peligroso para la democracia.
El planteo cayó en el juzgado de Rita Ailán y apunta directo al corazón del modelo libertario: un Poder Ejecutivo que legisla por decreto, esquiva al Congreso y concentra poder en áreas sensibles bajo la excusa de la “seguridad”. Según el amparo, el DNU 941/2025 no moderniza nada: habilita espionaje interno, criminaliza la protesta y abre la puerta a un Estado policial.
Un DNU hecho a escondidas
El Gobierno esperó al 31 de diciembre, con el Congreso formalmente en receso, para avanzar por decreto en una reforma total del sistema de inteligencia. Lo hizo mientras el Parlamento estaba en sesiones extraordinarias, pero eligió esquivarlo. No hubo necesidad ni urgencia real. Hubo cálculo político.
No es la primera vez. Milei ya había usado un DNU para “refundar” la SIDE en 2024. Ahora fue más lejos: fusionó inteligencia estratégica, seguridad interior y contrainteligencia en una misma estructura, todo bajo control directo del Ejecutivo, sin controles efectivos.
La SIDE como brazo político
El amparo es claro: el decreto habilita a la SIDE a convertirse en una herramienta de persecución contra periodistas, opositores, militantes sociales, académicos y cualquier ciudadano que incomode al poder. Bajo el rótulo ambiguo de “seguridad estratégica”, todo pasa a ser espionaje encubierto.
La reforma elimina distinciones básicas que cualquier democracia respeta: inteligencia no es seguridad, y seguridad no es persecución penal. Milei borra esas fronteras y centraliza todo. El resultado, advierten los diputados, es tratar a los ciudadanos como enemigos internos.
Militarización y detenciones ilegales
Uno de los puntos más graves: el DNU habilita al personal de inteligencia a detener personas, una facultad propia de la Policía Judicial. Es una violación directa de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, la SIDE podrá pedir asistencia a las Fuerzas Armadas. Traducido: militarización de la seguridad interior, algo expresamente vedado por el marco legal vigente desde el retorno democrático.
Inteligencia sin control, secreto como regla
El decreto consagra un principio alarmante: todas las actividades de inteligencia pasan a ser “encubiertas”. Sin control judicial previo. Sin control parlamentario real. Sin acceso a gastos reservados. Sin transparencia ni desclasificación futura.
“El secreto deja de ser excepción y se vuelve regla”, advierte el amparo. En este esquema, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser sospechoso permanente, según la conveniencia política del gobierno de turno.
Un dislate institucional
El DNU también incorpora a la Unidad de Información Financiera (UIF) al sistema de inteligencia. Un organismo que debe ser técnico y autónomo queda absorbido por una estructura política. Los diputados lo dicen sin rodeos: un disparate peligroso.
¿Qué pasa si los reportes de operaciones sospechosas de bancos y entidades financieras terminan en bases de datos de inteligencia política? La pregunta no es retórica: el decreto lo habilita.
Un retroceso de 40 años
La ley de inteligencia vigente, sancionada en 2001, se apoyó en tres pilares básicos: prohibición del espionaje interno por razones políticas, separación entre inteligencia y seguridad, y controles judiciales y parlamentarios. El DNU de Milei dinamita los tres.
No es modernización. No es eficiencia. Es concentración de poder, opacidad y disciplinamiento social.
El mensaje es brutalmente claro: el Gobierno que dice odiar al Estado está construyendo uno más fuerte, más secreto y más peligroso. No para garantizar derechos, sino para vigilarlos.
