12/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Involucrados en la causa ANDIS. Imagen: Web.
La bomba explotó desde adentro. No fue una filtración opositora, ni una denuncia periodística aislada, ni una avanzada judicial independiente. Esta vez fue el propio Gobierno nacional el que terminó aportando pruebas demoledoras contra la estructura de corrupción que operó dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo atravesado por denuncias de coimas, direccionamiento de compras y sobreprecios obscenos mientras miles de personas con discapacidad sufrían recortes y demoras en prestaciones esenciales.
La auditoría interna del Ministerio de Salud reveló una maquinaria de saqueo sistemático sobre compras de ortopedia, prótesis, implantes y sillas de ruedas. El esquema, según el informe incorporado a la causa judicial, replicaba casi de manera calcada el mecanismo que ya se investigaba por los medicamentos de alto costo: licitaciones armadas, empresas vinculadas entre sí, facturación inflada y reparto de retornos entre funcionarios y empresarios amigos.
El nombre que vuelve a quedar en el centro de la escena es el de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y hombre de extrema confianza del oficialismo libertario. Spagnuolo no era un funcionario más: fue abogado personal de Javier Milei y quedó salpicado desde el inicio por los audios donde se menciona que “el 3 por ciento va para Karina y Lule”. Ahora, la propia administración nacional sumó nuevas pruebas que lo hunden todavía más.
La auditoría detectó más de 800 expedientes sospechosos y miles de facturas infladas. En algunos casos, los sobreprecios superaban el 4000%. El Estado terminó pagando cifras delirantes por insumos que valían una mínima fracción de lo facturado.
Uno de los ejemplos más escandalosos involucra a la empresa Expo Trauma. Según el informe oficial, la firma llegó a cobrar 18 millones de pesos por sillas de ruedas cuyo valor real rondaba apenas los 950 mil pesos. Por apenas ocho unidades, el Estado desembolsó 134 millones cuando el costo real no superaba los 11 millones.
El mecanismo era brutalmente simple: empresas vinculadas entre sí simulaban competir en licitaciones para justificar precios inventados. La auditoría sostiene que no existía competencia real, sino una estructura coordinada para validar montos fraudulentos y garantizar ganancias extraordinarias.
Las empresas señaladas son:
- Ortopedia Bernat S.R.L.
- Farma Salud S.R.L.
- Artrobone Ortopedia S.A.
- Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.
- BYMAX MEDICAL
- Expo Trauma
Detrás de las firmas aparecen conexiones familiares, domicilios compartidos y relaciones directas con ex funcionarios de la propia ANDIS. Varias de esas sociedades compartían incluso el mismo domicilio fiscal: Avenida Lacroze 2911, piso 2, en la Ciudad de Buenos Aires. El dato grotesco es que allí funciona un lavadero de autos.
La investigación también encontró nombres cruzados entre distintas compañías. Emilio César Olguín, fundador de Expo Trauma, aparece además vinculado a otra de las firmas investigadas. Martim Goncalo Armella, presidente de Imnova, es hijo de Evangelina Ileana García, relacionada con Artrobone. Todo apunta a un entramado empresarial armado para simular legalidad mientras se drenaban fondos públicos.
La causa ya no gira únicamente alrededor de sospechas políticas. El expediente acumula documentación, auditorías oficiales, vínculos societarios y registros contables. Incluso aparecieron anotaciones en los cuadernos secuestrados al empresario Miguel Ángel Calvete —uno de los detenidos— donde figura Expo Trauma asociada a supuestas “ofrendas” millonarias.
El volumen del saqueo es monumental. Según el informe, las licitaciones bajo sospecha movieron alrededor de 180 mil millones de pesos.
Entre los casos más impactantes figuran:
- Una válvula bicaval adjudicada por 425 millones cuando el PAMI había comprado el mismo insumo semanas antes por 124 millones.
- Una endoprótesis aórtica facturada por casi 370 millones pese a que su valor de referencia era de 36 millones.
- Una prótesis cobrada por Ortopedia Bernat a más de 12 millones de pesos, con un sobreprecio calculado en 4239%.
Mientras el Gobierno impulsaba el discurso de la “motosierra”, recortaba prestaciones y endurecía auditorías sobre personas con discapacidad, dentro de la ANDIS operaba una estructura que habría convertido la salud pública en un negocio multimillonario para un pequeño grupo de empresarios y funcionarios.
El dato políticamente más explosivo es que la Casa Rosada parece haber quedado atrapada en su propia interna. Porque si bien los voceros intentan despegar al Gobierno, fue el propio Ministerio de Salud el que entregó la auditoría a la Justicia. En Comodoro Py interpretan ese movimiento como una señal clara de fractura dentro del llamado “Triángulo de Hierro”, el núcleo político que rodea a Milei.
La defensa de Spagnuolo intentó desacreditar las pruebas afirmando que los audios que lo comprometen fueron generados con inteligencia artificial. Sin embargo, el avance de la causa y la aparición de documentación oficial complican seriamente esa estrategia. El juez Ariel Lijo ya ordenó peritajes, mientras el fiscal Franco Piccardi profundiza las indagatorias.
En total, son 19 los procesados en una causa que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de la era libertaria. Y esta vez no fue la oposición quien aportó las pruebas: fue el propio Estado el que terminó certificando el saqueo.
