17/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Cerro Catedral, Bariloche. Imagen: Web.
La ciudad de San Carlos de Bariloche se convirtió esta semana en epicentro de un nuevo conflicto urbanístico y ambiental por el avance de un proyecto que modificaría de manera sustancial el uso del territorio del Cerro Catedral, la montaña más emblemática del turismo invernal argentino. La iniciativa —impulsada por el intendente Walter Cortés con el respaldo del gobernador Alberto Weretilneck y de la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA)— habilitaría la privatización de unas 70 hectáreas de tierras públicas para construir un hotel de lujo a 1.200 metros de altura y dos barrios cerrados, transformando un espacio patrimonial de uso público en un enclave destinado a turistas de alto poder adquisitivo.
El proyecto, que ya fue formalizado con el envío de un expediente al Concejo Deliberante de Bariloche, propone modificar los parámetros urbanísticos de seis sectores del cerro bajo el argumento de “modernizar y valorizar” la zona. Pero la reacción de organizaciones sociales, profesionales y vecinos fue inmediata: advierten que la iniciativa no fue discutida de forma amplia ni participativa y que, de aprobarse, habilitaría una transferencia de tierras públicas a manos privadas bajo la excusa de inversiones que todavía no tienen plazos, condiciones claras ni garantías de redistribución de beneficios para los residentes locales.
La polémica no se limita a la opinión pública. El Colegio de Arquitectos de Río Negro (CARN) seccional Bariloche, representado por la arquitecta Alicia Albandoz, presentó un dictamen crítico ante el Consejo de Planificación Municipal, señalando que el proyecto es “jurídicamente nulo y perjudicial para la ciudad” porque violaría disposiciones de la Carta Orgánica Municipal, que declara las tierras del cerro como patrimonio inalienable, imprescriptible e inembargable del pueblo de Bariloche. Según el informe técnico, cualquier transferencia de dominio o loteo sería “nulo de nulidad absoluta” y atentaría contra la protección constitucional del espacio natural.
Desde sectores empresariales e institucionales más vinculados al turismo la mirada ha sido más ambigua. La propia concesionaria del Cerro Catedral, CAPSA, que controla la explotación de la montaña hasta al menos 2056, respalda el plan de inversiones y desarrollo en la base y sectores altos de la montaña, argumento que encuentra eco en declaraciones de Weretilneck y aliados que ven en el proyecto una oportunidad para “ampliar la oferta turística” y posicionar al centro de esquí entre los más destacados del hemisferio sur. El apoyo oficial también lo han mostrado algunas entidades de la Cámara de Turismo de Bariloche, como parte de una estrategia de promoción del destino y su conectividad aérea, reforzada por vuelos internacionales crecientes.
Sin embargo, las voces disidentes van más allá de lo técnico y jurídico. Desde organizaciones barriales y sociales se advierte que el proyecto profundiza la “dependencia de Bariloche de la monocultura turística”, sin resolver problemas estructurales como el acceso a servicios básicos en barrios populares, la falta de viviendas accesibles o la precariedad laboral que afecta a una parte significativa de la población local, que ha quedado excluida de los beneficios del boom turístico. Esa crítica no es nueva: debates similares sobre la privatización de espacios estratégicos o concesiones polémicas ya habían ocurrido en torno al cerro en años anteriores, cuando se denunciaron irregularidades en la extensión de concesiones sin consulta pública efectiva.
La tensión actual se suma a otras discusiones en torno a la gestión del Cerro Catedral, como las que motivaron litigios judiciales por la comercialización de tarifas del centro de esquí, donde CAPSA logró que la Justicia suspenda condiciones de venta aprobadas por el municipio, generando incertidumbre en el sector turístico y entre residentes y visitantes.
El choque de visiones —entre quienes promueven una Bariloche más orientada hacia inversiones y capitales concentrados y quienes reclaman mayor participación comunitaria, protección ambiental y defensa del patrimonio público— no hace más que profundizar un debate que ha transitado décadas en la ciudad. El resultado en las próximas votaciones del Concejo Deliberante, donde bloques alineados con Weretilneck y Cortés tendrán un papel decisivo, puede definir no sólo el destino de esas hectáreas en la montaña sino también el rumbo político y económico de uno de los destinos turísticos más icónicos del país.
