13/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El diputado Bernardo Biella. Imagen: Captura de video.
En la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Bernardo Biella se lanzó con dureza a defender el controvertido proyecto de Ley Penal Juvenil, que impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el país, advirtiendo que la letra dura de la norma sin recursos se transformará en una trampa para las provincias. “No podemos seguir ahogando a las provincias”, lanzó Biella ante sus pares, marcando el choque entre discurso punitivista y realidades fiscales regionales.
Biella abrió fuego político y social, sostuvo que las bandas narco “captan a nuestros niños porque saben que son inimputables” y que la nueva norma es una herramienta para “cortar de cuajo” esa lógica. Sin embargo, advirtió que su aplicación exigirá cuatro juzgados más, tres fiscalías adicionales, capacitación de centenares de profesionales y nuevas instituciones especializadas, recursos de los que las provincias no disponen sin financiamiento específico del Estado nacional.
El salteño no se detuvo: enumeró la realidad cotidiana de Salta, donde 8 de cada 10 pesos del presupuesto provincial ya van a salud, educación y seguridad, y preguntó con crudeza si la plata para esta ley saldrá “del incentivo docente, del salario policial o de medicamentos e insumos de hospitales”. Su advertencia no fue una crítica menor sino un llamado a enfrentar el federalismo fiscal antes que aprobar una ley que puede quedar en letra muerta o convertirse en una carga destructiva.
Desde la grieta política nacional, el debate escaló incluso fuera de las fronteras salteñas. En la Cámara de Diputados, el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil consiguió el jueves pasado media sanción con 149 votos a favor y 100 en contra; ahora pasará al Senado para su sanción definitiva. El eje central de la norma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en un paquete que también establece penas de hasta 15 años para homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros cometidos por jóvenes.
La defensa del oficialismo fue conducida por la diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), quien sostuvo que la última ley penal juvenil data de 1980 y que la modificación era un “consenso histórico” necesario para recuperar seguridad. Para sus aliados, es una respuesta a la ola de inseguridad y el reclamo de amplios sectores sociales que respaldan el endurecimiento punitivo.
Pero no todos comparten ese análisis. El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni criticó la iniciativa, señalando que “el delito no tiene edad” y que la ley es un anuncio rimbombante que “no resuelve nada y solo agrava el problema”, sugiriendo que se deban priorizar pericias psiquiátricas individuales sobre dispositivos generales que solo castigan por cronología.
El propio diputado nacional Miguel Pichetto (Encuentro Federal) advirtió que sin una inversión real en infraestructura y recursos humanos, la ley corre el riesgo de quedarse en discurso sin efecto, dados los costos para construir y equipar establecimientos especializados. Sus declaraciones ponen en duda la capacidad estatal para cumplir con lo prometido.
La pulseada entre mano dura, recursos y federalismo expone un punto caliente de la política argentina: mientras el Congreso avanza hacia una sanción que incorpora a adolescentes de 14 años al ámbito del derecho penal común, las provincias alertan que la letra de la ley no alcanza si no viene acompañada de fondos, logística y políticas sociales de fondo. El choque, lejos de cerrarse, apenas comienza.
