18/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Un agente antidisturbios retira piedras de una carretera bloqueada por manifestantes rurales en Lipari, departamento de La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. El gobierno boliviano llegó a un acuerdo el 15 de mayo con miles de mineros que se enfrentaron a la policía en una protesta que paralizó el centro de La Paz. Sin embargo, otros sectores continúan bloqueando las vías de acceso a la ciudad, sede del poder ejecutivo y del Congreso. Imagen: Aizar Raldes/AFP.
Apenas seis meses después de haber llegado al poder prometiendo cercanía con el pueblo y un supuesto cambio para las mayorías, el presidente boliviano Rodrigo Paz enfrenta una crisis explosiva que amenaza con desbordar a todo el país. Las rutas tomadas, la falta de combustible, el desabastecimiento de alimentos y una feroz respuesta represiva del Estado dejaron a La Paz al borde del colapso económico y político.
Las protestas comenzaron hace apenas unas semanas como reclamos aislados contra el brutal ajuste económico impulsado por el Gobierno, pero en pocos días se transformaron en un gigantesco levantamiento social encabezado por comunidades indígenas y sectores campesinos del altiplano paceño. El detonante fue la eliminación de subsidios a los combustibles, una medida que disparó aumentos históricos en la nafta y el diésel, golpeando de lleno a trabajadores, transportistas y familias populares.
Los bloqueos instalados sobre la ruta Oruro–La Paz dejaron prácticamente aislada a la sede del Gobierno boliviano. En distintos puntos de la capital comenzaron a registrarse faltantes de pollo, alimentos básicos y combustible. La tensión escaló de manera dramática cuando el Ejecutivo autorizó la intervención policial y militar para despejar rutas y garantizar el ingreso de camiones cisterna.
El operativo represivo dejó heridos y decenas de detenidos, mientras crece el temor por una escalada aún mayor. La Defensoría del Pueblo confirmó al menos cinco personas heridas y 47 arrestos tras los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
La situación se volvió todavía más delicada por el peso político de quienes encabezan las protestas. Esta vez no son únicamente las tradicionales bases ligadas al expresidente Evo Morales en Cochabamba, sino comunidades indígenas aymaras de la región paceña, históricamente protagonistas de las grandes rebeliones sociales que sacudieron Bolivia en el pasado.
En medio del caos, el Gobierno intentó desactivar parcialmente el conflicto con acuerdos de emergencia junto a gremios docentes y organizaciones sindicales de El Alto, incluyendo bonos extraordinarios y compromisos oficiales para revisar reclamos. Sin embargo, las rutas continúan bloqueadas y las movilizaciones no se detienen.
Mientras tanto, sectores vinculados al evismo endurecieron el discurso y denunciaron una supuesta operación militar encubierta detrás de la ayuda humanitaria enviada por Argentina. La polémica explotó luego de la llegada de dos aviones Hércules enviados durante el fin de semana.
El vocero de Evo Pueblo, Omar Ramírez, aseguró públicamente que las aeronaves no habrían trasladado asistencia humanitaria sino “material bélico y antidisturbios”, señalando además una presunta coordinación internacional bajo influencia de Estados Unidos. Las acusaciones hicieron recordar inmediatamente el escándalo regional que involucró al gobierno argentino de Mauricio Macri durante la crisis boliviana de 2019.
Según denunciaron dirigentes cercanos a Morales, existiría una supuesta intención de reforzar operaciones militares en el Chapare, región donde el exmandatario permanece refugiado desde el intento de asesinato que denunció haber sufrido en 2024.
La tensión política también se mezcla con la avanzada judicial contra Evo Morales. Días atrás, la Justicia boliviana volvió a activar un pedido de aprehensión en su contra en el marco de una causa por presunta trata agravada de personas. Morales insiste en que se trata de una persecución política diseñada para desviar la atención del deterioro económico y la creciente crisis social que atraviesa el país.
Mientras el Gobierno intenta recuperar el control de las rutas y contener la furia social, el clima en Bolivia se vuelve cada vez más explosivo. La combinación de ajuste, represión, crisis económica y enfrentamiento político amenaza con abrir uno de los escenarios más delicados de los últimos años en la región.
