27/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Milei. Web.
En medio de un clima político enrarecido por denuncias y sospechas que rodean a la cúpula del poder libertario, el gobierno de Javier Milei decidió meter mano en uno de los organismos más sensibles del Estado: la Oficina Anticorrupción. Con el Decreto 194/2026, el Ministerio de Justicia oficializó la salida de Alejandro Melik y designó en su lugar a Gabriela Carmen Zangaro al frente del organismo encargado de controlar la ética pública de los funcionarios.
El cambio se produce justo cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa semanas de fuerte presión por cuestionamientos sobre su patrimonio y por las derivaciones judiciales del caso $Libra, un escándalo que ya dejó al gobierno de Milei bajo una intensa lupa mediática y judicial.
La salida de Alejandro Melik, un funcionario cercano al exministro Mariano Cúneo Libarona, quedó formalizada con fecha retroactiva al 13 de marzo. Su gestión venía siendo observada luego de firmar una resolución que recomendaba interpretar la conducta de Javier Milei en el caso $Libra como una “comunicación individual o privada”, una definición que en los hechos reducía el alcance de una investigación administrativa sobre el episodio.
La nueva titular de la Oficina Anticorrupción, Gabriela Carmen Zangaro, es especialista en Derecho Penal, egresada de la Universidad de Buenos Aires y con experiencia en el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Entre sus funciones estará revisar y analizar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, una tarea particularmente sensible en momentos en que el patrimonio de miembros del gobierno está bajo cuestionamiento público.
Pero los movimientos no se limitaron a la OA. En paralelo, el Ministerio de Justicia encabezado por Juan Bautista Mahiques también dispuso cambios en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia: la licenciada Jimena Belén Capece reemplazó al doctor Tristán Arturo Corradini. Los reemplazos forman parte de una reconfiguración más amplia en la estructura judicial que comenzó con la llegada de Alejandro Ramírez a la Inspección General de Justicia (IGJ).
El sacudón institucional ocurre mientras el gobierno intenta contener el impacto político que generan las revelaciones sobre Manuel Adorni, cuestionado por viajes al exterior y por propiedades que, según trascendió, no figurarían en su declaración jurada. El propio funcionario sostuvo que su patrimonio fue construido antes de ingresar a la gestión y que “no tiene nada que esconder”, aunque las dudas siguen circulando en tribunales y en los medios.
Con este escenario como telón de fondo, la Casa Rosada intenta blindar políticamente a su jefe de Gabinete. Mientras las investigaciones avanzan y el ruido político crece, el gobierno libertario responde con fotos de respaldo, reuniones y gestos públicos de apoyo al funcionario cuestionado, entre ellos los de figuras clave del oficialismo como Patricia Bullrich.
La jugada de Javier Milei en la Oficina Anticorrupción llega así en el momento más incómodo: cuando las sospechas golpean al corazón del poder y el organismo encargado de controlar la ética pública vuelve a quedar en el centro de la escena política.
