18/02/2026.- Salta al Instante.- Por Gaby Pachteng.- Foto portada: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Imagen: Web.
En pleno vendaval político, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quedó en el ojo de la tormenta por un escándalo que ya amenaza con desbordar las paredes de la Casa Rosada y desgastar aún más la tambaleante reforma laboral que su propio Gobierno intenta imponer con sangre y fuego.
Desde el ala política del oficialismo hasta abogados anticorrupción, pasando por sectores de la oposición, hoy se cuestiona no solo qué estaba pensando Sturzenegger, sino quién le escribió la letra chica de la desregulación que hoy hace agua.
Los cuestionamientos estallaron cuando se confirmó que la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), una entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del propio Sturzenegger, recibió un contrato de 114.044.133 pesos por parte de la Cancillería que conduce Pablo Quirno, dinero público destinado a dar cursos de inglés al personal diplomático.
La contratación fue directa, sin licitación, y encendió todas las alarmas: la propia normativa establece que, ante vínculos familiares, la adjudicación debe transparentarse y publicarse en la web de la Oficina Anticorrupción (OA). Según denuncian abogados del colectivo RESET Republicano, esa publicación no figura en el buscador de la OA, lo que ya motivó una denuncia penal contra Sturzenegger, funcionarios de la OA y autoridades de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.
En la Rosada hablan ya sin disimulo de “problema político enorme”: además de sumir en un conflicto de credibilidad al Gobierno, la cuestión de la contratación de Rouillet se solapa con el rechazo creciente a artículos de la reforma laboral que él mismo impulsó, como la polémica modificación del régimen de licencias por enfermedad que expertos jurídicos y sindicatos consideran una vulneración de derechos laborales básicos.
La defensa oficial, encabezada por el presidente Javier Milei y el propio Quirno, fue una ráfaga de tuits y comunicados que no lograron apagar el incendio: argumentaron que “no existe irregularidad alguna” e incluso hablaron de un procedimiento interno de integridad. Pero los denunciantes, abogados como José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, sostienen que la actuación oficial “no se publicó como exige la ley, y por eso debe investigarse penalmente”.
El escándalo cruza además con la crisis interna por la reforma laboral: mientras Sturzenegger mete cambios de último minuto, como el controvertido régimen de licencias que incluso enfrenta al Gobierno con aliados en Diputados, sectores sindicales como la CGT advierten que la reforma abre la puerta a recortes masivos de derechos.
En medio de denuncias penales, tensiones políticas y un Gobierno que se agranda por un lado y se desmorona por otro, el nombre de Sturzenegger ya no es sinónimo de “flexibilización audaz”, sino de conflicto, sospecha y corrupción en el corazón del Estado argentino.
