13/04/2026.- Salta al Instante.-Foto portada: Rutas nacionales en mal estado por le abandono de Nación, quienes no destinan fondos para su mantenimiento y reparación, sin dar explicaciones de para dónde va ese dinero. Imagen: Web.
Mientras las rutas nacionales se desmoronan, se llenan de pozos y se cobran víctimas, en el Ministerio de Economía la historia es otra: una montaña de dinero que nunca llegó a destino. El ministro Luis Caputo habría retenido 1.165.491 millones de pesos del Impuesto a los Combustibles que, por ley, debían destinarse a reparar y mantener la red vial. Plata que tenía nombre y apellido, pero terminó en otro lado.
El cálculo no es un slogan opositor: lo hicieron veinte diputados peronistas tras revisar los números del tributo que obliga a girar el 28,58% al sistema vial. Ese fondo, clave para sostener rutas seguras y transitables, quedó atrapado en la lógica del ajuste. El resultado es visible en cada kilómetro: caminos destruidos, señalización inexistente y banquinas abandonadas.
El contraste es brutal. Mientras el gobierno de Javier Milei celebra el superávit fiscal como bandera, los legisladores denuncian que ese “equilibrio” se construye sobre incumplimientos legales y deudas que se patean para adelante. Entre ellas, los millonarios pagos pendientes a proveedores del PAMI. La contabilidad cierra, pero la infraestructura colapsa.
Los números muestran una recaudación en alza que no se traduce en obras. Entre 2023 y 2024, el impuesto a los combustibles creció un 378%. Al año siguiente, otro 92%. Y en los primeros meses de 2026, siguió escalando. Sin embargo, los fondos que debían ir a rutas fueron retenidos: cientos de miles de millones desviados en lugar de convertirse en asfalto, señalización y seguridad.
En las provincias, el impacto es directo y urgente. Intendentes y gobernadores empiezan a coordinar reclamos ante una situación que ya califican de insostenible. Las rutas están “detonadas”, repiten, mientras el costo lo pagan los usuarios: accidentes, demoras y economías regionales asfixiadas por la imposibilidad de transportar producción en condiciones mínimas.
Uno de los que puso la firma al reclamo, el diputado Guillermo Michel, fue tajante: el estado de las rutas no da para más. Desde el Congreso se multiplicaron pedidos de informes y proyectos, pero del otro lado no hubo respuestas. El silencio oficial contrasta con el ruido de los reclamos que crecen en todo el país.
El trasfondo es aún más inquietante. Según el informe, parte de esos fondos habrían sido derivados a colocaciones financieras, en línea con una lógica que prioriza la caja antes que la obra pública. Así, mientras el dinero circula en el sistema financiero, las rutas quedan libradas al abandono.
El resultado está a la vista: un país donde moverse se vuelve peligroso, donde el deterioro vial ya no es una advertencia sino una tragedia en curso. La pregunta que empieza a instalarse es incómoda y directa: ¿cuánto de ese “ahorro” fiscal está hecho con el costo de vidas en las rutas?
