17/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Caputo provoca, las cámaras no reaccionan. Imagen: Lenin Nolly/EFE.
El ministro de Economía, Luis Caputo, no ocultó su sorpresa esta semana ante la tibia reacción de las principales cámaras empresarias frente a la reforma laboral y otras medidas estructurales que el gobierno de Javier Milei viene impulsando con mayoría oficialista en el Congreso. Caputo reclamó —en público y en redes sociales— que los sectores del poder económico “no festejen” un paquete de reformas que, según el Palacio de Hacienda, incluye reducciones de hasta 85% en las cargas patronales y el ajuste de normas que rigen el trabajo en la Argentina. La respuesta de las cámaras, en rigor, fue fría, ambiguamente crítica o directamente esquiva, algo que para el ministro constituye un signo de desalineación con el propio plan económico oficial.
La escena se enmarca en un contexto más amplio de crisis productiva y caída del consumo que atraviesa el país. Informes sectoriales recientes estiman que más de 31.500 pymes —el 6,3% del total de empresas argentinas— podrían cerrar en 2026, en medio de retrocesos de ventas y deterioro del mercado interno. Apenas un 1% de los empresarios encuestados cree que la reforma laboral pueda revertir esa situación, una cifra que desnuda la distancia entre las expectativas oficiales y las preocupaciones de la economía real.
La ambivalencia patronal se nutre de factores concretos: en múltiples rondas de diálogo, dirigentes de sectores industriales y pymes alertaron sobre la caída de la actividad y la ausencia de medidas que puedan sostener producción y empleo más allá de los cambios normativos. Para actores como Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, la falta de políticas industriales robustas y la profundización de la apertura comercial —como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea— ponen a las empresas nacionales en desventaja frente a competidores globales sin que la reforma laboral ofrezca soluciones tangibles.
En paralelo, la incertidumbre del empresariado tiene un componente político e institucional. Las medidas del Ejecutivo se suceden en un clima de recesión y caída de la demanda interna que ya impactó en indicadores claves del consumo, con cierres masivos de locales y advertencias de que 2026 podría consolidar un año negativo para la actividad comercial. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) fue uno de los sectores que advirtió públicamente sobre el derrumbe del consumo como un problema estructural que escapa a la lógica de flexibilización del empleo.
Fuentes sindicales y sociales no tardaron en vincular esta parálisis patronal a la presión que sectores obreros y movimientos populares ejercen sobre las cámaras empresarias. El líder de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, exigió no solo una revisión urgente de los salarios sino una mayor responsabilidad de las grandes empresas en sostener la mesa de negociación colectiva en un contexto de inflación persistente, advirtiendo que el actual esquema de aumentos “licúa” los ingresos de los trabajadores y profundiza el malestar social.
La debilidad del empresariado para celebrar la agenda oficial quedó expuesta también en otros terrenos: diversas bolsas de comercio regionales rechazaron reformas que afectan el financiamiento de las pyme y advirtieron sobre los riesgos que estas medidas traen para la generación de empleo formal en provincias del interior. Esta postura no solo refleja una incomodidad sectorial, sino una fractura en el apoyo tradicional que el gobierno esperaba recibir como contrapartida de su agenda pro mercado.
El cruce entre las expectativas oficiales y la realidad económica se traduce en un empresariado que oscila entre el silencio, la crítica moderada y la prudencia: no celebran, no acompañan con entusiasmo, pero tampoco elevan un rechazo masivo. Ese “ni fu ni fa”, lejos de ser neutralidad, revela el profundo malestar de un sector que se siente expuesto a los vaivenes de un modelo que, a la vez que flexibiliza normas, no termina de ofrecer las certezas macroeconómicas, de consumo y de empleo que reclaman sus propios actores.
