25/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Servicio Penitenciario de Salta. Imagen: Web.
La cruda realidad detrás de los muros de las unidades carcelarias de Salta explotó otra vez en polémica y horror: esta semana un interno con diabetes falleció en circunstancias que encendieron las alarmas sobre la falta de atención médica dentro de la prisión, mientras que autoridades sanitarias confirmaron un aparente rebrote de tuberculosis entre las personas detenidas, desnudando fallas que algunos sectores califican como responsabilidad del Estado provincial y penitenciario.
El fallecimiento de este hombre, cuyo nombre aún no fue publicado oficialmente, se produjo durante el mediodía del martes tras ser trasladado de urgencia desde la Alcaidía General N.º 1 al Hospital Arturo Oñativia, donde murió. Según relatan fuentes penitenciarias y médicas, el interno —que padecía diabetes— no habría recibido el seguimiento especializado necesario para controlar su enfermedad crónica, derivando en una descompensación que terminó en su muerte.
Para organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia penal, este lamentable episodio no es un “hecho aislado”, sino parte de un patrón de condiciones de detención indignas que vulneran derechos básicos y ponen en riesgo la vida de quienes están bajo custodia estatal.
¿Rebrote de tuberculosis en cárceles salteñas? El foco encendido
Mientras familiares, presos y defensores de derechos humanos exigen explicaciones, otra bomba epidemiológica estalló adentro de las celdas. En la Unidad Carcelaria N.º 4, confirmaron un aparente nuevo caso positivo de tuberculosis en una interna, lo que llevó a las autoridades penitenciarias a aislarla de inmediato para evitar posibles contagios dentro del penal.
La tuberculosis, una enfermedad vinculada a condiciones de hacinamiento, mala alimentación y carencias de atención médica adecuada, vuelve a aparecer en el debate público cuando —como advirtió hace días el ministro de Salud provincial Federico Mangione— “cuando uno busca, encuentra”: tras intensificar controles, la detección de casos se multiplicó, señalando que podría existir un periodo anterior de insuficiente vigilancia sanitaria dentro de las cárceles.
Mangione reconoció que la provincia registra casi nueve casos de tuberculosis vinculados al servicio penitenciario y explicó que hubo probablemente un período sin controles suficientes, además de relacionar el repunte a la mala alimentación y la pobre nutrición entre las personas privadas de libertad que, al tener defensas bajas, se vuelven más vulnerables a patologías graves.
Un grito ignorado: ¿tuberculosis, muerte y negligencia estructural?
La denuncia periodística original describe un entramado de condiciones sanitarias deficientes que no se limitan a un solo penal, sino que podrían estar replicándose en otras unidades de detención. Las voces que reclaman justicia señalan que a falta de controles sistemáticos y recursos médicos especializados, la salud de los internos queda expuesta a un cóctel explosivo de enfermedades prevenibles y agravantes sin atención oportuna.
El caso lamentable se inscribe en un contexto más amplio de advertencias sobre la salud pública en Salta, donde las autoridades también vienen detectando aumentos de enfermedades que combinan la falta de acceso a servicios adecuados y condiciones de vida precarias, como en el caso de la chikungunya, que empezó a aparecer en la provincia con varios casos confirmados y potencial de complicarse si no se refuerzan las medidas sanitarias.
Responsabilidades políticas y sanitarias: un debate caliente
La lamentable muerte del interno dispara un interrogante que atraviesa el sistema penal: ¿hasta qué punto el Estado provincial es responsable por garantizar la vida y salud de quienes están bajo su custodia? En algunos casos, la justicia federal ha intervenido en investigaciones similares por muertes de personas privadas de libertad ante indicios de falta de atención médica adecuada.
Organismos defensores de derechos humanos y abogados penalistas sostienen que la situación en las cárceles salteñas no puede seguir siendo un tema invisible para la sociedad. El derecho a la salud es innegociable incluso para las personas privadas de libertad, y cualquier anomalía, desde falta de tratamiento para enfermedades crónicas como la diabetes hasta brotes de tuberculosis, debería ser objeto de investigación independiente y responsabilidad política y judicial.
Salta tiene ahora una crisis sanitaria dentro de su propio sistema de encierro: un preso muerto por falta de atención médica, un probable rebrote de tuberculosis, y condiciones que ponen en riesgo no solo a internos sino también al personal penitenciario y a la comunidad externa. La pregunta que queda flotando es si el Estado actuará con urgencia o si otra muerte más quedará sin respuestas claras.
