05/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Caputo, Karina y Javier Milei. Imagen: Web.
A una semana de la votación que podría marcar un punto de inflexión en la legislación laboral argentina, la Casa Rosada no solo apura la aprobación de la reforma laboral en el Senado, sino que se planta con una postura intransigente: “No les vamos a dar absolutamente nada” a los gobernadores que reclaman cambios. La ofensiva —cocida en reuniones de alto nivel dentro de Balcarce 50— tensiona como nunca antes la relación entre el Poder Ejecutivo y los mandatarios provinciales, incluso entre aquellos que, hasta hace poco, se mostraban alineados con el gobierno de Javier Milei.
La frase que más retumba en los pasillos del poder —“no les vamos a dar absolutamente nada”— esgrime la decisión oficial de no mover ni una coma del proyecto tal como llegó al Senado. Esa advertencia no es un gesto retórico: apunta especialmente al artículo sobre el impuesto a las Ganancias para sociedades, que según economistas y gobernadores implicaría pérdidas millonarias para las arcas provinciales, estimadas por algunos hasta en 5.000 millones de dólares anuales.
En una reunión de más de dos horas en Casa Rosada participaron los hombres y mujeres fuertes de la coalición oficialista: Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Santiago Caputo (asesor presidencial), Manuel Adorni (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado), Diego Santilli (ministro del Interior) y Ignacio Devitt (secretario de Asuntos Estratégicos). La consigna central fue clara: avanzar con el proyecto sin concesiones y evitar cualquier ajuste previo que pudiera desarmar el texto antes de la sesión del 11 de febrero.
La estrategia oficialista va más allá de la mera intransigencia fiscal: es un mensaje político contundente. En Casa Rosada advierten que aceptar cambios al texto sobre Ganancias podría poner en riesgo la propia sanción de la ley. “Si no están los votos, se caerá, pero no lo vamos a modificar”, repiten voces del gobierno, como si desafiaran a los mandatarios provinciales a quemar puentes con la reforma.
Gobernadores en retirada y una reunión frustrada
La tensión no es solo discursiva: la Casa Rosada hasta llegó a desactivar una reunión que los gobernadores planeaban realizar en paralelo al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para coordinar una estrategia común. Según el relato de allegados al Ejecutivo, Santilli se comunicó con mandatarios provinciales aliados y logró disuadirlos de asistir, cortando de raíz cualquier intento de unidad provincial contra la presión del Ejecutivo.
La frustración se vio en los gestos: la cumbre de gobernadores prevista se derrumbó, dejando a varios mandatarios —incluidos Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa)— sin el foro colectivo que buscaban para plantear objeciones contundentes. Algunos ya habían manifestado críticas explícitas a la reforma, alertando sobre los impactos fiscales que sufrirían sus provincias si la reforma prospera sin atenuantes.
La pulseada ahora se da en el Congreso
Con el texto tal como está, la Casa Rosada apunta a conseguir la media sanción en el Senado el miércoles 11 de febrero, confiando en una alianza de votos que, según voceros oficialistas, ronda los 44. Ese número no está asegurado y cada senador podría convertirse en un protagonista de esta historia de presión política y cálculo estratégico.
La oposición, por su parte, mira con desconfianza la jugada oficial y redobla sus esfuerzos para que la reforma no avance en los términos planteados. Sectores críticos sostienen que una reforma laboral sin ajustes y sin diálogo con las provincias no solo agravará el impacto en la recaudación provincial, sino que será percibida como una imposición centralista más que una política de Estado.
Lo que se juega en los próximos días no es un trámite legislativo más, sino una pulseada de poder con consecuencias distributivas reales: entre un gobierno que promete modernizar el mercado laboral y mandatarios provinciales que ven cómo sus recursos se desangran por decisiones que no negociaron previamente. El choque entre Nación y provincias, sin mediaciones ni atenuantes, entra ahora en su etapa decisiva.
