19/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Karina Milei. Imagen: Gentileza Gustavo Molfino
Mientras el Gobierno nacional continúa levantando la bandera del ajuste, la austeridad y el combate contra los privilegios de la política, una revelación sacude los pasillos de la Casa Rosada y abre un nuevo frente de cuestionamientos. La Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, incrementó en apenas un año un fondo de gastos flexibles que pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, una cifra que representa un aumento cercano al 141%.
La explosiva información surge de documentación oficial que expone el crecimiento de un mecanismo administrativo conocido como Fondo Rotatorio, una herramienta destinada a cubrir viáticos, servicios, bienes de consumo y diversos gastos operativos. Sin embargo, el fuerte incremento de recursos contrasta con la escasa información brindada sobre cómo se utilizan efectivamente esos fondos.
La polémica se profundiza porque la propia Karina Milei firmó la Resolución 35/2026, mediante la cual se autorizó el nuevo monto para el ejercicio actual. Además, la normativa habilita gastos individuales de hasta 50 millones de pesos por operación, con excepciones para servicios básicos, viajes presidenciales y débitos por embargos, rubros que incluso pueden superar ese límite.
La cifra genera ruido político porque llega en momentos en que el Gobierno insiste en la necesidad de reducir el gasto público y exige sacrificios económicos a distintos sectores de la sociedad. Mientras tanto, la caja administrada por la Secretaría General más que se duplicó en apenas doce meses.
Pero el dinero es solo una parte de la historia.
La controversia escaló luego de que un pedido formal de acceso a la información pública buscara conocer en detalle cómo se utilizan las tarjetas corporativas vinculadas a este esquema. La respuesta oficial confirmó la existencia de 140 tarjetas recargables, tres tarjetas corporativas de crédito y decenas de usuarios habilitados para operar dentro del sistema. Sin embargo, la información entregada omitió justamente los datos más sensibles: consumos realizados, comercios utilizados, montos gastados, proveedores, comprobantes, facturas y expedientes de rendición.
Es decir, se informó quiénes poseen las tarjetas, pero no en qué gastaron el dinero.
Entre los nombres que aparecen vinculados al sistema figuran la propia Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el operador político Eduardo «Lule» Menem y funcionarios de distintas áreas de Presidencia. También aparece Santiago Oría, estrechamente ligado a la estrategia audiovisual del presidente Javier Milei.
La documentación revela además una situación que despierta interrogantes adicionales: algunos de los funcionarios responsables de administrar el Fondo Rotatorio aparecen simultáneamente como titulares o usuarios de tarjetas asociadas al mismo sistema que gestionan.
La Dirección General de Administración, encargada formalmente del manejo de esos recursos, tiene funcionarios que figuran dentro de la estructura de tarjetas corporativas. La situación no implica necesariamente una irregularidad, pero alimenta las preguntas sobre los controles existentes y la transparencia en el uso de los fondos públicos.
El aspecto más llamativo surge de la propia documentación remitida por Presidencia. Según los convenios suscriptos con el Banco Nación, la plataforma utilizada permite rastrear cada movimiento, identificar comercios, consultar consumos, verificar transferencias y reconstruir todas las operaciones realizadas. En otras palabras, los registros existen y pueden ser consultados.
Sin embargo, cuando se solicitó acceder a esos detalles, la información no fue entregada.
La situación resulta aún más llamativa porque los procedimientos internos obligan a documentar cada gasto mediante comprobantes, expedientes electrónicos, resúmenes de cuenta y rendiciones formales. Incluso si no se registraran consumos, deberían existir informes con los movimientos y saldos correspondientes.
Nada de eso fue exhibido.
Como si fuera poco, la propia Secretaría General reconoció la existencia de un sumario administrativo relacionado con el uso de tarjetas corporativas. Según la respuesta oficial, la investigación concluyó sin detectar perjuicio fiscal para el Estado. No obstante, el expediente completo tampoco fue entregado, por lo que se desconocen los hechos investigados, los montos involucrados, los funcionarios alcanzados y las conclusiones detalladas del proceso.
La ausencia de información alimenta una pregunta que empieza a resonar con fuerza dentro y fuera de la política: si existen registros, controles, comprobantes y sistemas capaces de reconstruir cada gasto, ¿por qué no se muestran?
La paradoja golpea de lleno al discurso oficial. Mientras el Gobierno sostiene una narrativa basada en el ajuste y la eliminación de privilegios, la caja de gastos flexibles administrada por la hermana del Presidente creció hasta superar los 1.135 millones de pesos y, cuando se pidió conocer el detalle de su utilización, la respuesta se limitó a informar quiénes tienen las tarjetas, pero no cómo se gastó el dinero de los contribuyentes.
