12/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Juez Ariel Lijo. Imagen: Web.
La llamada causa ANDIS, un expediente explosivo por presuntas coimas y corrupción que sacude al poder político y al sector farmacéutico, cambia de maniobrista principal y renueva tensiones en los pasillos de Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo, quien fue propuesto por el Gobierno para integrar la Corte Suprema pero no obtuvo aval político en el Senado, quedó a cargo del Juzgado Federal 11, donde se tramita el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el alejamiento de Sebastián Casanello.
El sorteo realizado este miércoles determinó que Lijo —magistrado con perfil conservador y cercanías a la estructura del poder judicial— asuma “por un año” el expediente donde se encuentran procesados 19 imputados, entre ellos Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS y ex abogado del presidente Javier Milei, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, en un presunto entramado de corrupción institucional en el organismo.
El caso Andis se originó con la producción de audios atribuidos a Spagnuolo que habrían expuesto pagos y presuntos retornos de laboratorios y proveedores del Estado, derivando en una serie de allanamientos, procesamientos y medidas cautelares que pusieron contra las cuerdas a distintos actores del sector salud. Si bien parte de la evidencia fue cuestionada por la defensa —incluso con alegatos sobre posibles manipulaciones por inteligencia artificial— la causa siguió avanzando.
Con Lijo al frente, la investigación no solo mantiene su marcha, sino que **suma capítulos que empiezan a rozar directamente al entorno de la droguería Suizo Argentina, empresa familiar vinculada a los hermanos Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, protagonistas señalados por la causa y mencionados en comunicaciones y audios incorporados al expediente. Aunque esos empresarios no fueron incluidos en la primer tanda de procesados, su firma continúa bajo investigación y no se descarta que la pesquisa judicial derive en futuras medidas en su contra.
Este mismo jueves, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, por supuestamente haber entorpecido un allanamiento clave en la vivienda de Jonathan Kovalivker en agosto de 2025. Según los camaristas, De Vicentis habría desplegado maniobras de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento, incluyendo comunicaciones telefónicas para obstaculizar la diligencia, que terminaron con la fuga del empresario al mando de un Audi mientras se ejecutaba la orden.
La confirmación judicial tiene ribetes inquietantes para los interrogantes que rodean el entramado investigado: los jueces de Cámara sostuvieron que las evidencias reunidas hasta el momento son suficientes para respaldar la decisión de procesar a De Vicentis, reforzando la hipótesis de una obstrucción activa de la Justicia alrededor de uno de los mayores casos de corrupción en organismos del Estado reciente.
Lijo hereda, además, la continuidad de la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi, y la expectativa de movimientos futuros que podrían incluir nuevos procesamientos o la consolidación de las medidas contra figuras aún no alcanzadas por las primeras resoluciones, con la mira puesta sobre los Kovalivker y otros actores que aparecen señalados en el expediente.
La asunción de Lijo al frente de la causa Andis marca un giro judicial de alto impacto político. En un momento de intensa polarización nacional, la decisión de sorteo y la confirmación de procesamientos que tocan sectores vinculados al Estado y a proveedores del sistema de salud exponen un terreno judicial que avanza sin pausa y con posibles efectos resonantes en los ámbitos político y económico del país.
