22/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Oscar Centeno, un exchofer argentino que se convirtió en una figura clave en el caso judicial conocido como la «Causa de los Cuadernos».
El difunto juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli volvieron a quedar en el centro de cuestionamientos en el marco del juicio por la causa conocida como “Cuadernos”, luego de que tres empresarios que ya habían sido imputados como “arrepentidos” afirmaran ante el tribunal que sus declaraciones previas se habrían producido bajo situaciones de coacción, amenazas de detención y presiones psicológicas.
El empresario Mario Rovella, declaró en el juicio Cuadernos. Imagen: Capturas de Video.
Las exposiciones de Mario Rovella, Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar reabrieron el debate sobre las condiciones en las que se construyeron varias de las declaraciones que sostienen el expediente, y motivaron pedidos formales de las defensas para que se investigue la posible comisión del delito de coacción, con foco en la actuación del fiscal Stornelli, dado que Bonadio falleció en 2020.
Mario Rovella, titular de la constructora Rovella-Carranza, declaró ante el tribunal oral y sostuvo que la versión brindada en 2019 no se correspondía con la realidad de los hechos. En su exposición afirmó: “Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto, entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían”. Según relató, un día antes de aquella declaración habría concurrido a una escribanía para dejar constancia de que lo que iba a declarar no era veraz.
Rovella detalló además su trayectoria empresarial, señalando que la compañía realizó 152 obras en 17 provincias y trabajó con distintos organismos nacionales, y que desde 2010 amplió su actividad a nivel internacional mediante contratos con organismos multilaterales de crédito. En relación con las imputaciones, negó haber realizado pagos a Ernesto Clarens o haber tenido vínculo económico irregular alguno, y sostuvo que las supuestas inconsistencias señaladas en la causa no se corresponden con su actividad ni con su presencia en los momentos y lugares indicados en el expediente.
En la misma línea, Oscar Sansiseña, propietario de la empresa Cleanosol Argentina, dedicada a la señalización vial, afirmó que las acusaciones en su contra se basaban en comunicaciones telefónicas que, según explicó, no implicaron aportes económicos. Indicó que las llamadas con Ernesto Clarens estuvieron vinculadas a pedidos de apoyo para campañas electorales, los cuales aseguró haber rechazado o dejado en suspenso, negando haber realizado contribuciones.
Por su parte, Guillermo Escolar, director de la misma firma, amplió el relato sobre el contexto en el que se produjeron las declaraciones de empresarios imputados. Señaló que en los días previos a sus indagatorias se produjeron detenciones de otros empresarios y exhibiciones públicas de detenidos en condiciones que, según su testimonio, generaban un clima de presión. Mencionó específicamente el caso de Hugo Dragonetti, quien fue trasladado con casco y chaleco antibalas mientras se encontraba detenido. Escolar afirmó que, ante ese escenario, junto a su defensa encabezada por el abogado Diego Olmedo, decidieron dejar constancia ante escribano de que su futura declaración no reflejaría necesariamente la verdad de los hechos.
A partir de estas declaraciones, los abogados defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo solicitaron al tribunal la extracción de testimonios para que se investigue la posible existencia de coacción. La fiscal Fabiana León se opuso al pedido y solicitó su rechazo, argumentando que la medida implicaría buscar un magistrado favorable a las defensas, en el marco de un planteo que, según su postura, podría afectar la estructura de la causa.
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, resolvió no avanzar en ese momento con la investigación solicitada. En cambio, dispuso que el planteo sea analizado al finalizar el juicio, decisión que generó cuestionamientos de las defensas por la postergación de una eventual pesquisa sobre los hechos denunciados.
En paralelo, el tribunal ya había tomado una decisión previa respecto de la declaración de los llamados “arrepentidos”, al habilitar que estos puedan negarse a responder preguntas de las defensas, lo que limita el proceso de contraexamen. Esta situación fue objetada por los abogados, quienes señalaron que impide confrontar las versiones de quienes declaran como imputados colaboradores con otras pruebas del expediente.
Durante la jornada también se recordó el contexto en el que se desarrollaron las primeras etapas de la investigación. Entre otros elementos, se mencionó la declaración del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien en su momento habría indicado a su defendido Sergio Taselli la posibilidad de reconocer hechos para evitar la detención. Asimismo, el empresario Gerardo Ferreyra relató haber sido presionado con la posibilidad de quedar detenido si no accedía a declarar como arrepentido, según su versión.
El empresario Mario Rovella profundizó su testimonio al describir inconsistencias en las imputaciones vinculadas a supuestos pagos a Clarens y a la empresa Paolini, señalando que no existía la sociedad mencionada en las fechas indicadas y que no se encontraba en Buenos Aires en los momentos en que se habrían realizado las entregas de dinero. También afirmó que la relación con Clarens era estrictamente comercial, vinculada a la necesidad de servicios de transporte aéreo para supervisión de obras.
En el caso de Cleanosol, Sansiseña describió comunicaciones con Clarens en las que se habría mencionado apoyo político, pero insistió en que no se concretaron aportes económicos. Escolar, en tanto, insistió en que la secuencia de detenciones previas a su declaración generó un clima de presión sobre los empresarios convocados a indagatoria en agosto de 2018.
El expediente también incluye referencias a Ernesto Clarens, señalado como intermediario en algunos de los contactos, y a José López, exfuncionario del Ministerio de Planificación, con quien mantenía vínculo. En la causa también figura Roberto Baratta, exfuncionario del área, mencionado en el marco de las imputaciones por presuntos pagos.
En este contexto, las defensas sostienen que las declaraciones de varios empresarios habrían estado condicionadas por el temor a la detención y por las condiciones en las que se desarrollaban las indagatorias. El tribunal, por su parte, optó por diferir cualquier investigación sobre posibles irregularidades en la obtención de testimonios hasta la etapa final del juicio, lo que mantiene abierto el debate sobre la validez de parte del material probatorio incorporado en la causa Cuadernos.
