13/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Cristina en el balcón. Imagen: Web.
La causa Vialidad Nacional, el epicentro de una de las mayores investigaciones por corrupción en la historia reciente del país, volvió a dar un salto judicial de alto impacto: los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elevaron ante el Tribunal Oral Federal N°2 un pedido de decomiso de 141 inmuebles, vehículos, dinero en cuentas y cajas de seguridad, que alcanzan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez, en un intento por recuperar lo que el Ministerio Público Fiscal considera activos producto del “fraude colosal” a la Administración Pública.
En el extenso escrito presentado por Luciani y Mola, se requirió que el tribunal ejecute el decomiso de 141 propiedades —13 de sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Báez—, entre ellas el emblemático **departamento de la calle San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria tras su condena en la causa Vialidad.
Además de inmuebles, la solicitud fiscal incluye el decomiso de 46 automotores y sumas millonarias en dinero: US$4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US$992.134 en caja de ahorro del Banco de Galicia y $53.280,24 pesos, precisaron los fiscales al tribunal.
Los fiscales insistieron que, a pesar de que el Tribunal ya había fijado una multa de $684.990.350.139,86 pesos a pagar por los condenados por defraudación a la Administración Pública —plazo que venció hace meses— no se ha depositado ni un solo peso, por lo que la demora en hacerse de los recursos ordenados por sentencia firme equivale, para la fiscalía, a una “dilatación injustificada” que evidencia “una falta de arrepentimiento” de los involucrados y constituye “una afrenta al principio de igualdad ante la ley”.
La inclusión del departamento de San José 1111, además de otros bienes de la familia Kirchner, como propiedades en Santa Cruz, el hotel La Aldea en El Chaltén y el chalet en Río Gallegos, representa un giro inédito en el nivel de agresividad jurídica del caso, ya que implica avanzar sobre los activos más visibles y simbólicos del patrimonio de la expresidenta.
La causa Vialidad tiene raíces que se remontan al juicio por defraudación en la que Kirchner, Báez y otros imputados fueron condenados por direccionar las licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, provocando un daño multimillonario al Estado. La Justicia ya había ordenado decomisos parciales y embargos sobre bienes vinculados a los acusados, y ahora la fiscalía pretende ampliar ese listado con el propósito de cubrir la enorme suma adeudada por sentencia firme.
La medida forma parte de una ofensiva judicial más amplia contra la exmandataria; en paralelo, la Justicia también restituyó recientemente la pensión por viudez de Cristina Kirchner —beneficio que había sido suspendido tras su condena—, en un fallo que el Gobierno nacional anunció que apelará.
Este pedido de decomiso sitúa al proceso Vialidad en un terreno inédito: nunca antes se había planteado incautar de forma tan extensa y directa bienes que incluyen el domicilio donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta, sumado a millonarias sumas de dinero en cuentas y cajas de seguridad vinculadas a sus familiares. La movida fiscal eleva la tensión política y judicial en torno al caso, mientras se discute si el tribunal hará lugar a la pretensión de ejecutar bienes por una cifra que supera los 680 mil millones de pesos y que, hasta ahora, no fue aportada por las partes condenadas pese a que el plazo para hacerlo ya venció hace meses.
En este contexto, la Justicia retoma con fuerza la vieja discusión de fondo sobre la naturaleza y magnitud de la corrupción en la obra pública, la responsabilidad de los principales acusados y la posibilidad de recuperar activos que, según la fiscalía, se originaron en un esquema de direccionamientos y sobreprecios que beneficiaron a Báez y a sus vínculos con la familia Kirchner durante más de una década.
