09/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:
El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de debate con el envío al Congreso de un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades. La iniciativa incorpora figuras inéditas en la legislación argentina, como las Sociedades Automatizadas y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), estructuras que podrían operar mediante inteligencia artificial y sistemas automatizados sin necesidad de empleados en su funcionamiento cotidiano.
La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es presentada oficialmente como una modernización del régimen societario argentino. Sin embargo, especialistas y sectores críticos advierten que los cambios podrían modificar profundamente las reglas de responsabilidad empresarial vigentes hasta ahora.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la incorporación de las denominadas Sociedades Automatizadas. Según la iniciativa, estas entidades podrían desarrollar sus actividades a través de agentes de inteligencia artificial, reduciendo o eliminando la necesidad de intervención humana en numerosos procesos operativos.
La reforma también contempla el reconocimiento de las DAO, organizaciones que funcionan mediante tecnología blockchain y contratos inteligentes, donde las decisiones pueden ejecutarse automáticamente a través de protocolos informáticos previamente establecidos.
El debate se concentra especialmente en la cuestión de la responsabilidad legal. Diversos especialistas sostienen que la nueva estructura podría generar dificultades para determinar quién responde ante eventuales daños, incumplimientos o perjuicios ocasionados por decisiones tomadas por sistemas automatizados.
Otro de los puntos que genera controversia es la protección de los algoritmos bajo el paraguas del secreto industrial. Según los cuestionamientos planteados por expertos, esta situación podría dificultar auditorías o controles estatales sobre el funcionamiento interno de las herramientas tecnológicas utilizadas por estas sociedades.
La iniciativa también habilita mecanismos que permitirían a determinadas empresas establecer marcos jurídicos internacionales para resolver conflictos internos. Esto incluye la posibilidad de recurrir a arbitrajes extranjeros o sistemas alternativos de resolución de controversias contemplados en contratos específicos.
Los impulsores de la reforma sostienen que el objetivo es atraer inversiones tecnológicas y posicionar a la Argentina como un destino competitivo para proyectos vinculados con innovación, inteligencia artificial y nuevos modelos de negocios digitales.
Sin embargo, las críticas apuntan a que estas estructuras podrían favorecer niveles elevados de opacidad sobre los verdaderos beneficiarios de determinadas operaciones económicas, además de generar interrogantes respecto al control estatal y la protección de terceros afectados por eventuales conflictos.
El proyecto se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno orientada a reducir regulaciones y promover esquemas de mayor flexibilidad para el desarrollo empresarial. En ese contexto, la discusión sobre el alcance de las nuevas sociedades automatizadas promete convertirse en uno de los debates legislativos más intensos de los próximos meses.
Mientras el Congreso comienza a analizar la iniciativa, crece la expectativa sobre el impacto que podrían tener estas nuevas figuras jurídicas en el sistema económico argentino, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología, las finanzas digitales y la inteligencia artificial.
La discusión recién comienza, pero ya expone una pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar la automatización empresarial y quién responderá cuando una decisión tomada por un algoritmo genere consecuencias en el mundo real.
