05/11/2026.- Información del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta.– Foto portada: Ilustrativa.
La fiscal especializada en Ciberdelincuencia expuso sobre el crecimiento de los ciberfraudes en la provincia y aportó la experiencia del organismo en el análisis de proyectos legislativos orientados a fortalecer la prevención, la protección de los usuarios y la asistencia a las víctimas.
En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal penal Sofía Cornejo, participó de una reunión ampliada de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado provincial, en la que se analizaron iniciativas legislativas destinadas a establecer herramientas de prevención, concientización, educación y protección frente a las estafas virtuales y los fraudes electrónicos.
Cornejo, quien compartió el diagnóstico del área sobre la evolución de estas modalidades delictivas y expuso la experiencia adquirida en la investigación de hechos que afectan a usuarios de redes sociales, plataformas digitales y servicios de mensajería.
Convocados por el Senado, durante el encuentro, que reunió a legisladores, autoridades policiales y representantes de las áreas especializadas, se abordaron propuestas para implementar un sistema integral de alertas tempranas, fortalecer la educación digital y establecer mecanismos de asistencia directa a las personas damnificadas.
En su exposición, Cornejo advirtió sobre el incremento sostenido de los delitos informáticos y señaló que, desde finales de 2022, se registra un promedio de entre ocho y nueve denuncias diarias por ciberfraudes en Salta. También hizo referencia al avance de hechos de grooming y a otras conductas delictivas que encuentran en los entornos digitales nuevas formas de ejecución.
La fiscal explicó que estas maniobras de ingenieria social,»cuento del tío», comprenden desde engaños mediante falsas promociones, enlaces fraudulentos y suplantación de identidad hasta operaciones de mayor complejidad técnica, que involucran programas maliciosos y estructuras delictivas con alcance internacional.
Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre los organismos públicos, empresas privadas (cooperación asimétrica) y las plataformas digitales para mejorar las respuestas frente a estas modalidades. En ese sentido, planteó la importancia de contar con mecanismos de intervención rápida, educación financiera y asistencia ciudadana permanente, que permitan orientar y acompañar a las víctimas.
Las iniciativas legislativas analizadas contemplan, entre otras medidas, la creación de un programa provincial de prevención y protección contra estafas digitales, la implementación de una línea gratuita para denuncias urgentes, un sistema de alertas públicas y la incorporación de contenidos educativos sobre el uso responsable de las tecnologías y la protección de datos personales en las escuelas.
La reunión contó también con la participación del director general de Ciberseguridad de la Policía de Salta, Carlos Reyes, y del asesor legal de la Jefatura de Policía, Efraín Garzón, quienes expusieron sobre las acciones preventivas y las tareas que se desarrollan desde sus respectivas áreas.
La participación del Ministerio Público Fiscal permitió incorporar la perspectiva de la investigación penal especializada al debate legislativo, aportando información sobre las modalidades delictivas, su impacto en la comunidad y la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales de prevención y asistencia.
El abordaje de la ciberdelincuencia requiere respuestas coordinadas entre los distintos organismos del Estado y el sector privado, tanto para mejorar la capacidad de investigación como para promover una ciudadanía informada y reducir los riesgos de victimización en los entornos digitales.
Entre las propuestas planteadas, Cornejo consideró prioritario definir con claridad la autoridad de aplicación de la futura normativa y promover una articulación con entidades financieras, empresas del sector fintech y plataformas digitales para agilizar la detección y respuesta ante maniobras fraudulentas. También propuso avanzar en la creación de una agencia local de protección y asistencia digital ciudadana, con atención permanente las 24 horas, que brinde orientación, contención y acompañamiento a las víctimas, en coordinación con organismos como Defensa del Consumidor. Además, destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención y educación financiera para reducir la vulnerabilidad de los usuarios.
