13/02/2026.- Salta al Instante.- Imagen: Ilustrativa.
La Fiscalía Penal de Salta solicitó formalmente elevar a juicio oral y público la causa contra un hombre acusado de encabezar una red de estafas vinculadas a la construcción de viviendas sociales, un caso que expone no solo un presunto fraude multimillonario sino también el estremecedor impacto de operaciones fraudulentas sobre familias vulnerables que esperaban acceder a una vivienda digna.
El fiscal penal Federico Obeid, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos, presentó ante el Juzgado de Garantías Nº 2 los elementos recolectados durante la investigación, requiriendo que el imputado sea juzgado por los delitos de defraudación agravada por el perjuicio económico grave y abuso de confianza. Según consta en el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2025, y habrían afectado a numerosos vecinos de distintos barrios de Salta capital y del interior provincial que confiaron sus ahorros en la promesa de construcciones que nunca se concretaron.
La pesquisa penal reveló que el hombre, cuya identidad guarda reserva procesal por disposición judicial, se presentaba como gestor y empresario de la construcción, y ofrecía a compradores la ejecución de obras de infraestructura y viviendas a cambio de anticipos millonarios. Las maniobras, según Obeid, se apoyaban en contratos presuntamente falsificados, promesas de plazos imposibles de cumplir y documentación apócrifa que generó una “verdadera ilusión” de progreso para las familias damnificadas.
El fiscal Obeid incorporó al expediente declaraciones testimoniales, contratos, comprobantes de pago y peritajes contables que apuntan a un “patrón sistemático de maniobras engañosas” y a la “apropiación de fondos que debían destinarse a la construcción efectiva de viviendas”. Las víctimas, muchas de ellas jubilados, trabajadores informales y pequeños comerciantes, aportaron recibos de pago, capturas de conversaciones y documentación respaldatoria que, según la Fiscalía, configura un cuadro probatorio suficiente para llevar la causa a juicio.
La elevación a juicio oral, de ser aceptada por el Juzgado de Garantías, transformará la investigación preliminar en una causa pública que será analizada por un tribunal integrado, donde el fiscal buscará demostrar que se trató de una estafa grave con daño colectivo, en perjuicio de decenas de familias salteñas que quedaron sin los fondos invertidos y sin viviendas construidas.
Este tipo de hechos no es aislado en la provincia. En 2025, por ejemplo, un caso similar sacudió a la opinión pública cuando otro hombre fue condenado por estafar a múltiples vecinos con la promesa de entrega de terrenos y construcciones sin respaldo legal, provocando cientos de denuncias en la Fiscalía Penal de Delitos Económicos. Ese juicio concluyó con penas de prisión efectiva y el decomiso de bienes, ilustrando la gravedad con la que se mira este tipo de delitos cuando se atenta contra la confianza pública y los derechos económicos de las familias.
La elevación a juicio de esta causa pone en foco la necesidad de una respuesta judicial firme frente a las maniobras fraudulentas que se aprovechan de la necesidad habitacional de la población, y subraya el compromiso del Ministerio Público Fiscal de Salta por perseguir penalmente a quienes, presuntamente, utilizaron el acceso a la vivienda como cobertura para un enriquecimiento ilícito a costa del sufrimiento ajeno.
Con información del Ministerio Público de Salta.
