29/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Pasaporte Argentino. Imagen: Archivo.
El Gobierno de Javier Milei decidió abrir la puerta de par en par a un negocio millonario: pagarle a empresas privadas para que diseñen, gestionen y otorguen la ciudadanía argentina a cambio de inversiones extranjeras. Una jugada brutal para “atraer dólares”, pero que ya despierta dudas sobre costos, controles y el propio papel del Estado como garante de la soberanía de la nacionalidad.
Según los pliegos del programa, seis empresas compiten para manejar todo el proceso de principio a fin, y las ofertas son tan disparatadas que revelan el caos detrás del diseño: mientras una propone cobrar apenas 10 dólares por cada trámite completo, otra reclama hasta 100 millones de dólares por los mismos 5.000 pasaportes que se prevé emitir. Esa brecha del 10.000% en los costos no parece casualidad: expone la ausencia de criterios claros y de control real por parte del Estado.
El propio esquema contractual aprobado por el Ministerio de Economía convierte al Estado en un pagador marginal, mientras que los privados entran con doble ingreso: pueden cobrar al propio Tesoro y también a los inversores extranjeros que quieren acelerar sus trámites. El rol de la nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), lejos de ser el de un árbitro, se reduce a supervisar un proceso diseñado por consultores contratados para hacerlo.
Lo más grave: no hay montos mínimos de inversión definidos, ni sectores productivos priorizados, ni criterios técnicos para evaluar qué tipo de capital extranjero merece el acceso a la nacionalidad. Todas esas definiciones, clave para una política migratoria seria, quedaron en manos de una consultora internacional sin control externo sólido.
Peor aún, nadie sabe cuánto costará realmente este programa para las arcas públicas: la agencia que debería supervisarlo no tiene presupuesto público conocido ni autoridades nombradas, lo que deja la operación a merced de contratos opacos y pagos discrecionales que podrían correr enteramente bajo la lógica del mercado.
En un país donde el pasaporte argentino da acceso sin visa a 171 países —una ventaja modesta frente a programas similares en otras jurisdicciones—, la medida parece menos una política pública diseñada para atraer capital productivo y más un negocio para intermediarios privados dispuestos a lucrar con la ciudadanía.
Este diseño, confuso y peligrosamente delegado, pone en riesgo hasta la noción misma de nacionalidad como un derecho democrático para transformarla en una mercancía de alto precio sin reglas claras ni controles efectivos.
