26/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Universitarios reclaman sueldos dignos. Imagen: Web.
El conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei volvió a escalar y esta vez llegó a las puertas de la Corte Suprema. Docentes, nodocentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires convocaron a clases públicas frente al Palacio de Tribunales para exigir que el máximo tribunal obligue al Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y aún resistida por la Casa Rosada.
La protesta será encabezada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires y la Federación Universitaria de Buenos Aires, en medio de otra semana de paros docentes y creciente tensión en el sistema universitario público.
El reclamo apunta directamente al ajuste impulsado por el Gobierno libertario sobre las universidades nacionales. Desde diciembre de 2023, las casas de altos estudios acumulan una caída superior al 37% en términos reales de sus fondos, mientras docentes y trabajadores denuncian salarios pulverizados por la inflación y recortes que afectan investigación, extensión, becas y funcionamiento básico.
La situación se agravó todavía más después de que el Gobierno oficializara una poda de 78 mil millones de pesos sobre programas de la Secretaría de Educación, incluyendo transferencias destinadas a infraestructura universitaria. Para los gremios, el ajuste pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades públicas y forma parte de una estrategia de desfinanciamiento deliberado.
Las clases públicas en Plaza Lavalle buscarán combinar protesta política y contenido académico. Entre quienes disertarán aparecen el politólogo Luis Tonelli, que hablará sobre “La República y sus tres poderes”, y el abogado constitucionalista Cristian Cao, quien expondrá sobre Derecho Constitucional en pleno debate por el incumplimiento de la ley votada por el Congreso.
El trasfondo judicial del conflicto también suma tensión política. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en 2025 y logró sobrevivir al veto presidencial, pero el Gobierno continúa demorando su aplicación efectiva. Frente a eso, universidades nacionales acudieron a la Justicia y obtuvieron fallos favorables tanto en primera instancia como en Cámara, donde se ordenó actualizar salarios docentes, becas estudiantiles y partidas presupuestarias.
Sin embargo, el Ejecutivo apeló y consiguió que la definición final quede ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa decisión terminó de encender la protesta universitaria, que busca presionar para acelerar un fallo favorable mientras el deterioro presupuestario continúa profundizándose.
El conflicto ya se transformó en uno de los focos más sensibles para el Gobierno de Milei. Las multitudinarias marchas universitarias de los últimos meses expusieron un rechazo social mucho más amplio que el estrictamente académico y dejaron en evidencia que la defensa de la universidad pública se convirtió en uno de los principales puntos de resistencia contra el ajuste libertario.
