13/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Spagnuolo procesado por las coimas de ANDIS. Imagen: Web.
La Cámara Federal de San Martín ratificó sin atenuantes el procesamiento del jefe de seguridad del barrio privado Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, acusado de obstruir la acción de la Justicia durante un allanamiento clave en la investigación conocida como Coimagate, una trama de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que ya sumó decenas de imputados y que sigue expandiéndose hacia sectores empresarios y operadores judiciales.
El fallo de los camaristas Pablo Barral y Alberto Lugones confirmó la decisión que había tomado en primera instancia el juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a De Vincentis por los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo funcional y encubrimiento, al considerar que su accionar entorpeció un procedimiento del 21 de agosto de 2025 en el que se buscaba allanar la residencia del empresario Jonathan Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.
Según el expediente y las pruebas reunidas, cuando la Policía de la Ciudad se presentó en la garita del barrio “La Isla” –dentro del complejo Nordelta– con la orden judicial, De Vincentis tomó contacto directo con los policías, interferido comunicaciones, insistió en conocer los detalles del operativo e incluso instruyó a sus subordinados para no suministrar información ni facilitar datos sobre ingresos, egresos o identidades de los vecinos, en flagrante confrontación con la manda judicial.
Las pruebas que avalaron el procesamiento incluyen mensajes de WhatsApp enviados por De Vincentis al grupo de “Supervisores AVN” donde se advierte a los vigiladores que no colaboren con las fuerzas de seguridad sin previa intervención del departamento legal, una instrucción que se suma a la evidencia de que al menos uno de los guardias atendió reiteradas llamadas del propio jefe y terminó transmitiendo información que facilitó la salida de Jonathan Kovalivker en un Audi justo antes del operativo.
La Cámara no solo rechazó la apelación de De Vincentis –quien sostuvo que su intervención era parte de sus funciones y que no generó demoras injustificadas– sino que entendió que su conducta mostró intención clara de frustrar el cumplimiento de la orden judicial y proteger a la familia de los investigados, situándolo en el centro de una maniobra que terminó por desarticular el elemento sorpresa del allanamiento.
Este procesamiento se enmarca en la causa ANDIS, que ya lleva 19 personas procesadas por presunta corrupción institucional, entre ellas altos dirigentes y empresarios supuestamente vinculados a la compra irregular de insumos para el sector salud. La investigación también continúa analizando la situación judicial de Emmanuel y Eduardo Kovalivker, hermanos de Jonathan y parte del entorno de la Droguería Suizo Argentina, cuyos vínculos comerciales y movimientos financieros ya fueron incorporados al expediente.
Al mismo tiempo, la causa que investiga el presunto esquema de coimas y direccionamientos en la ANDIS se encuentra en plena reconfiguración tras el traspaso de la investigación al juez federal Ariel Lijo, con la fiscalía a cargo de Franco Picardi, y se espera que nuevas medidas y recopilación de pruebas avancen sobre figuras claves vinculadas a la trama.
Con la confirmación de este procesamiento, el caso Coimagate no solo expone presuntas irregularidades en el corazón del Estado, sino que también revela cómo operan redes de poder y protección que pretenden interferir directamente en el accionar de la Justicia, poniendo en jaque la credibilidad de las investigaciones y la igualdad ante la ley en causas de alta sensibilidad pública.
