28/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Karina Milei, Diego Spagnuolo, Javier Milei, Marín Menem, implicados en las coimas de ANDIS. Imagen: Web.
La calma de la feria judicial no fue más que el silencio que antecede al huracán político y judicial que podría sacudir a toda la Casa Rosada. La causa ANDIS, ese expediente que destapó presuntos negociados con sobreprecios y retorno de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, está lista para explotar apenas se levante la feria el 2 de febrero, con decisiones que pueden marcar el rumbo del escándalo.
En el centro de la escena está la continuidad del juez Sebastián Casanello al frente del Juzgado Federal 11, donde se tramita la investigación. Su mandato vence el 12 de febrero y su permanencia o retiro del caso podría definir no sólo el destino procesal de los imputados, sino también la profundidad con que se investigue el entramado de corrupción que salpicó a funcionarios y empresarios cercanos al poder. Casanello fue quien tomó el expediente tras la difusión de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que desataron la causa.
La expectativa en Comodoro Py es áspera porque, con el regreso de la actividad judicial, también se espera que se decida la situación procesal de los imputados, entre ellos precisamente Spagnuolo y otros nombres vinculados a la trama. No es una causa menor: son presuntas maniobras con sobreprecios en insumos destinados a personas con discapacidad, un sector ya golpeado por recortes, suspensiones de pensiones y protestas frente al organismo.
La urgencia por definiciones llega en un momento en que el expediente se ha transformado en símbolo de una crisis institucional más amplia: los audios que salieron a la luz no sólo implican posibles delitos de retorno de dinero por contratos, sino que también apuntan a vínculos políticos y operativos con sectores empresariales poderosos. La Cámara Federal ya ordenó investigar el origen de esas grabaciones, en un gesto que mezcla incertidumbre con tensión, y que pone en jaque la estrategia de algunas defensas para derribar la causa.
Mientras tanto, a la sombra de Comodoro Py, las protestas en la sede de ANDIS y los reclamos de familiares, organizaciones y prestadores mantienen viva la acusación social de que lo que está en juego no es simplemente un entramado judicial sino la dignidad de personas con discapacidad que reclaman acceso real a derechos básicos.
Lo que viene después del 2 de febrero no será un regreso tranquilo a los escritorios: es la antesala de decisiones que pueden reconfigurar una causa que amenaza con salpicar a personajes influyentes y abrir una discusión profunda sobre el manejo discrecional de fondos y contratos públicos en un sector tan sensible como el de la discapacidad.
