09/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Manifestación contra las políticas de Milei.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzó una advertencia de máxima gravedad institucional: el Gobierno nacional reformó la Ley de Inteligencia por decreto, sin debate parlamentario, y habilitó un esquema de espionaje político, detenciones sin orden judicial y opacidad absoluta. El organismo de Derechos Humanos reclamó la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia y exigió a la Justicia que declare inconstitucional el DNU 941/2025.
Según la CPM, el Ejecutivo avanzó sobre límites que la Constitución prohíbe expresamente. “No hay necesidad ni urgencia que justifique este decreto, y mucho menos legislar en materia penal por DNU”, denunciaron. El señalamiento es demoledor: se lesionan derechos civiles y políticos básicos y se vulneran los principios elementales del sistema republicano.
El organismo fue aún más lejos y advirtió que la reforma reedita prácticas propias de los períodos más oscuros de la historia argentina. Concentración extrema de poder, secretismo, nulo control democrático y una SIDE fortalecida, con más atribuciones, más recursos y cero rendición de cuentas. En los hechos, una estructura de inteligencia sin frenos.
El corazón del escándalo es la creación de una “Comunidad de Inteligencia Nacional” bajo conducción de la SIDE, que integra no solo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sino también a organismos civiles como el RENAPER y la Dirección Nacional de Migraciones. Para la CPM, esta arquitectura institucional confunde deliberadamente defensa nacional con seguridad interior y habilita el intercambio masivo de datos sensibles de la ciudadanía sin controles ni límites.
“El decreto habilita detenciones ilegales sin orden judicial, espionaje político y persecución”, advirtieron. La comparación es directa y brutal: el esquema recuerda a la Central Nacional de Inteligencia de la última dictadura cívico-militar.
La reforma, además, consagra un régimen de opacidad total. Todas las actividades del sistema de inteligencia —operativas, doctrinarias y presupuestarias— pasan a ser “encubiertas”. En la práctica, la SIDE manejará fondos públicos sin control externo ni fiscalización democrática, blindada frente al Congreso y la sociedad.
Uno de los puntos más alarmantes es la habilitación del espionaje político y a la prensa. La ley anterior prohibía de manera expresa cualquier intervención de los servicios de inteligencia en la vida política, social, sindical, partidaria o en los medios de comunicación. El nuevo decreto introduce excepciones vagas bajo el paraguas de la “contrainteligencia”, una definición tan amplia que convierte en sospechosos a periodistas, organizaciones sociales, sindicatos y defensores de Derechos Humanos.
Por eso, la CPM presentó un informe ante el Congreso reclamando el rechazo inmediato del DNU y la puesta en marcha urgente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el único órgano capaz de ejercer control democrático sobre el sistema.
El pronunciamiento no es menor: la CPM gestiona y analiza archivos de inteligencia de la última dictadura. Habla con memoria y con pruebas. Y lo que advierte es claro: cuando el espionaje avanza sin controles, la democracia retrocede.
