23/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Sacudón en Comodoro Py, jueces emblemáticos se van y el Gobierno negocia pedazos del poder judicial. Imagen: Web.
La escena política y judicial argentina se estremece: Comodoro Py, el epicentro de las causas que marcaron la agenda pública durante décadas, está en plena reconfiguración de poder con jueces históricos que se retiran, otros que piden extender su mandato y una Casa Rosada que mete la mano en la Justicia entre acuerdos, presiones y negociaciones discretas.
Dos de los magistrados más emblemáticos asociados al llamado lawfare, Carlos “Huemul” Mahiques y Martín “Doctrina” Irurzun, llegaron a la edad de jubilación y, lejos de colgar la toga, le solicitaron al Gobierno permanecer en sus bancas. El Ejecutivo, consciente del impacto político y judicial de esas figuras, valora qué hacer con sus puestos mientras las causas de mayor peso mediático quedan en vilo.
La renuncia ya confirmada del camarista Juan Carlos Gemignani, prevista para cuando el Congreso retome sesiones ordinarias, abrió una brecha más en la estructura de la Cámara Federal de Casación, el tribunal que define las grandes pulsiones del sistema penal federal. Gemignani, ligado en su carrera al radicalismo, fue objeto de acusaciones por violencia de género y maltrato laboral, lo que añadió un plus de escándalo a su salida.
Junto a estos movimientos, en Comodoro Py se multiplican las señales de debilitamiento institucional: hay magistrados que están por jubilarse sin certezas sobre sus reemplazos, y otros que negocian con el Poder Ejecutivo su permanencia o desplazamiento, en un tablero en el que cada banca se transforma en moneda de cambio política.
La falta de designaciones judiciales agrava el cuadro: el Gobierno de Javier Milei acumula una larga racha sin nombrar jueces federales, lo que genera vacantes crecientes y un sistema colapsado en el fuero clave de la Justicia argentina. Esto no solo trastoca la tramitación de causas de alto perfil —como las vinculadas a ex funcionarios y a figuras políticas de peso— sino que también le da al Ejecutivo un arsenal de presión para influir en quiénes terminan ocupando esos tribunales.
Al mismo tiempo, algunos camaristas que deberían asumir nuevas responsabilidades —como en causas emblemáticas o en instancias superiores del fuero federal— ya han rechazado intervenir en expedientes delicados, generando más incertidumbre sobre el rumbo de investigaciones que interesan a la política nacional.
El resultado es un terremoto institucional en el corazón de la Justicia federal, con jueces históricos saliendo de escena, vacantes sin cubrir y un Gobierno que negocia en silencio para moldear el poder judicial a su favor, en un momento en el que la legitimidad y la independencia de los tribunales están bajo escrutinio público.
