24/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Concejo Deliberante de Salta. Imagen: Web.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó una resolución que pone en blanco sobre negro el impacto de la caída de la coparticipación: más de 3.700 millones de pesos que la capital salteña dejó de percibir en lo que va del año. El texto aprobado solicita a los legisladores nacionales por la provincia que gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional mecanismos de compensación y refuerzo de recursos, en medio de un escenario que los ediles califican como crítico.
El proyecto, impulsado por la bancada alineada con el intendente Emiliano Durand, reclama “mecanismos de estabilización, compensación y/o refuerzos” para los fondos de origen nacional que llegan al municipio, con un planteo central: reducir la discrecionalidad y garantizar previsibilidad en las transferencias.
La concejala Camila Lobo, encargada de fundamentar la iniciativa, apuntó directamente al contexto económico nacional. Señaló que la caída de la coparticipación está vinculada a la recesión y a las políticas económicas en curso. En ese marco, detalló el retroceso mes a mes: 21,17% en enero, 20,29% en febrero y 18,74% en marzo. En apenas un trimestre, el golpe a las arcas municipales superó los 3.000 millones de pesos.
El concejal Gustavo Farquharson amplió el cuadro y actualizó la cifra: más de 3.700 millones de pesos menos para la ciudad en lo que va del año. Según explicó, esos recursos podrían haber sido destinados a infraestructura y servicios, en un contexto donde la demanda crece y los márgenes fiscales se achican.
La sesión dejó también un capítulo político. La resolución fue aprobada por mayoría, con el acompañamiento de distintos bloques, pero sin el respaldo de los concejales de La Libertad Avanza, que se opusieron durante el debate y se retiraron al momento de la votación. La postura generó críticas dentro del recinto. Farquharson calificó como “insólita” la decisión, al señalar que muchos de los proyectos impulsados por ese espacio están vinculados a obras públicas, mientras que rechazaron un pedido para gestionar los recursos necesarios.
El reclamo del municipio se inscribe en un conflicto más amplio que atraviesa a la provincia. La caída real de la coparticipación, combinada con la reducción de transferencias no automáticas desde Nación, impacta en la ejecución de obras, en la continuidad de programas y en el funcionamiento cotidiano de los gobiernos locales.
Informes del Ministerio de Economía de Salta y de la Comisión Federal de Impuestos ya habían advertido sobre la pérdida de recursos en términos reales, en un escenario marcado por la inflación y la contracción de la actividad económica. En ese contexto, la coparticipación —principal fuente de ingresos para provincias y municipios— se vuelve un eje central de la disputa fiscal.
El texto aprobado por el Concejo habla de una “emergencia financiera crítica” en los municipios, una definición que busca reflejar el nivel de presión sobre las cuentas públicas locales. La caída de ingresos obliga a postergar obras, ajustar servicios y absorber una demanda social creciente.
En paralelo, el planteo retoma un reclamo histórico: la necesidad de fortalecer el régimen de coparticipación federal para lograr una distribución más equitativa de los recursos y limitar la discrecionalidad en el reparto. Un debate que vuelve a escena con fuerza en medio de un escenario económico que achica ingresos y amplifica tensiones entre Nación y las jurisdicciones.
