22/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Concejal Aldo Dalmiro Gonza. Imagen: Web.
El Concejo Deliberante de San Lorenzo se encamina a una sesión que promete marcar un antes y un después en la política local. El próximo 29 de abril, el cuerpo deliberativo tratará la destitución del concejal Aldo Dalmiro Gonza, condenado en una causa de corrupción y con una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos que, sin embargo, no le impidió continuar en funciones hasta hoy.
La situación, que combina una sentencia judicial firme con una permanencia política difícil de sostener, abrió un escenario de tensión institucional que ahora deberá resolverse en el recinto. El caso gira en torno a una condena que impuso a Gonza tres años de prisión condicional como partícipe necesario del delito de peculado, junto con la inhabilitación de por vida para ejercer cualquier función pública.
Pese a la claridad del fallo, el edil siguió ocupando su banca, lo que desató cuestionamientos desde distintos sectores. La normativa vigente es taxativa: la inhabilitación absoluta impide ejercer cargos públicos, incluso aquellos obtenidos por el voto popular. Ese punto es el que hoy coloca su continuidad en una zona jurídicamente insostenible y políticamente incómoda.
La causa que derivó en la condena tiene su origen en una auditoría impulsada por la actual gestión municipal, que detectó irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la administración anterior. Según surge del expediente, existía un esquema de administración discrecional de recursos que incluía extracciones de dinero en efectivo y su posterior justificación mediante comprobantes que no reflejaban el destino real de los fondos.
El caso no se limita a la figura de Aldo Gonza. En el mismo proceso fue condenado el exintendente Ernesto “Kila” Gonza, quien recibió una pena de siete años de prisión efectiva por múltiples hechos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Actualmente cumple su condena en el penal de Villa Las Rosas. También fue sentenciado el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymas, con una pena de cinco años de prisión efectiva.
A diferencia de esos casos, la condena de Aldo Gonza es de cumplimiento condicional. Sin embargo, el dato clave es la inhabilitación perpetua, que se transformó en el eje del debate político y jurídico que atraviesa hoy al Concejo Deliberante.
La sesión especial convocada para el 29 de abril aparece así como un punto de inflexión. No solo se discutirá la permanencia o no del concejal en su banca, sino también el rol institucional del cuerpo frente a una condena judicial que fija límites claros. La decisión que se tome tendrá impacto más allá de un nombre propio.
En el trasfondo, lo que está en juego es la relación entre política y Justicia en el ámbito local. Distintos sectores sostienen que permitir la continuidad de Gonza implicaría desconocer no solo el fallo judicial, sino también principios básicos de legalidad y ética pública. Otros advierten sobre la necesidad de respetar los procedimientos institucionales y las competencias del Concejo.
El 29 de abril, el recinto será el escenario donde esas tensiones deberán resolverse. Con una condena firme sobre la mesa y una banca aún ocupada, el Concejo de San Lorenzo enfrenta una decisión que pondrá a prueba su capacidad de dar respuesta a un caso que interpela directamente al funcionamiento del sistema democrático local.
