27/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Jorge Macri bajo la lupa por lavado de activos. Imagen: Web.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación asestó ayer un golpe seco al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y referente del PRO, Jorge Macri, al dejar sin efecto su sobreseimiento en una investigación por presunto lavado de activos y ordenar que el expediente vuelva a tratarse con profundidad en la justicia penal. El máximo tribunal hizo lugar al planteo del fiscal federal Mario Villar y dispuso que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo fallo ante las pruebas y cuestionamientos que hasta ahora habían sido ignorados por instancias judiciales previas.
La causa tiene raíz en la compra en abril de 2011 de un departamento de 402.963,62 dólares en el edificio “Icon” en Miami, Estados Unidos, realizada por la sociedad Icon Unit 1704 LLC, constituida semanas antes por Jorge Macri y su entonces esposa Florencia De Nardi. La fiscalía sospecha que esa operación pudo haber sido utilizada para canalizar fondos cuya procedencia no fue debidamente aclarada, y apunta a posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a préstamos supuestamente simulados y movimientos societarios opacos.
Lo que parecía una causa cerrada —sobreseída en tres instancias judiciales anteriores y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal— revivió de manera brutal después de que la Corte Suprema, con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Sánchez Torres, evaluara que el cierre del expediente fue prematuro y dogmático, sin responder a los planteos del Ministerio Público Fiscal. La decisión fue firmada en mayoría; el juez Carlos Rosenkrantz se pronunció en disidencia, argumentando que no correspondía admitir el recurso y que las instancias previas habían descartado suficientes indicios de delito.
El fallo de la Corte revoca así el sobreseimiento de Macri, De Nardi y de Javier Rubira Alonso —otro involucrado en la operatoria societaria— y ordena que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo pronunciamiento tras analizar las pruebas y agravios que la fiscalía había planteado sin ser debidamente abordados. Entre esos elementos, se destacan dudas sobre la existencia real del préstamo atribuido a la firma uruguaya Fawsley S.A. y la cesión de ese crédito a una sociedad panameña (Cometas Company Inc.), adquirida por la hermana del mandatario porteño, lo que alimenta sospechas sobre el origen y destino de los fondos y el posible beneficio patrimonial.
Desde el entorno de Jorge Macri se apresuraron a relativizar el impacto político y jurídico de la medida, recordando que en las instancias anteriores ya había quedado acreditada la inexistencia de delito y que las pruebas aportadas demostraban la legalidad de los fondos utilizados. En declaraciones públicas, sostuvieron que “el resultado será el mismo: la inexistencia de delito” y que la reapertura de la causa no implica una condena ni siquiera una imputación formal en esta etapa.
La decisión de la Corte Suprema —enmarcada en el contexto político de desgaste del PRO a nivel nacional y porteño— tensará aún más el tablero judicial-político: revive una causa que la dirigencia macrista había dado por cerrada y reintroduce un foco de controversia sobre la transparencia patrimonial y la relación entre poder político y operaciones financieras internacionales.
La causa ahora volverá a manos de la Cámara Federal de Casación para que, con las directivas de la Corte, analice nuevamente las pruebas y dicte un fallo que tenga en cuenta los argumentos fiscales y las posibles inconsistencias en el cierre anterior del expediente. La política porteña, el PRO y la oposición se preparan para una batalla que, lejos de ser técnica, podría tener repercusiones en la percepción pública del espacio político más allá de la jurisdicción judicial.
