11/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El presidente Javier Milei junto a los economistas Federico Furiase y Felipe Núñez. Imagen: Archivo.
Mientras el discurso oficial apuntaba contra la banca pública y avanzaba con su privatización, puertas adentro se desplegaba otro movimiento: un festival de créditos millonarios para funcionarios y aliados. El escándalo por los préstamos del Banco Nación ya suma denuncias judiciales y una lista que no deja de crecer. En ese listado aparecen 25 integrantes del oficialismo que accedieron a financiamiento por 6.500 millones de pesos. Entre ellos, nombres clave del equipo económico de Javier Milei.
El caso que concentra las miradas es el de Federico Furiase, actual secretario de Finanzas. Recibió un crédito por 367 millones de pesos y quedó en el centro de las sospechas por las condiciones en que obtuvo ese financiamiento. La denuncia, impulsada por la diputada Mónica Frade y radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, sostiene que el dinero habría sido utilizado para adquirir una tercera propiedad, pese a que la línea estaba destinada a segundas viviendas.
El dato no es menor: la compra corresponde a una casa valuada en 300 mil dólares en el country Los Pilares, en Pilar, con 200 metros cubiertos, terreno de 880 metros cuadrados y pileta. Pero el punto que más ruido genera es la velocidad del trámite. Furiase solicitó el crédito el 24 de julio y, a mediados de agosto, la propiedad ya estaba escriturada. Un recorrido exprés frente a los seis meses que, en promedio, demanda ese tipo de operaciones.
La situación se agrava por su doble rol. En 2025, Furiase era director del Banco Central de la República Argentina, organismo que regula el sistema financiero, mientras accedía a un crédito del Banco Nación. Para Frade, ese cruce abre la puerta a posibles delitos: negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, administración fraudulenta y tráfico de influencias. “No solo tenía información privilegiada, sino que participaba de las decisiones”, advirtió.
Furiase negó irregularidades. Aseguró que actuó “como cualquier hijo de vecino” y rechazó tener tres propiedades. Argumentó que uno de los inmuebles corresponde a una donación de usufructo familiar del 33 por ciento y que no vive allí desde 2010. La explicación no logró disipar las dudas.
El esquema no se agota en su caso. Otros nombres del equipo económico también quedaron bajo la lupa. Pedro Inchauspe, miembro del Banco Central, recibió 510 millones de pesos. Felipe Núñez, cercano a Luis Caputo, obtuvo 373 millones. Entre los tres acumulan préstamos por 1.000 millones de pesos. Núñez también se defendió: dijo que no hubo nada ilegal ni inmoral, pese a que en el pasado calificaba al Banco Nación como “una cueva de acomodados políticos”.
La lista sigue dentro del Ministerio de Economía. Felipe Beron, subsecretario de Servicios Financieros y hombre de confianza de Luis Caputo, accedió a 362 millones. Juan Manuel Garzón recibió 180 millones; Javier Matías Mana, 242 millones; y Federico Ramos Nápoli, 197 millones. En conjunto, superan los 600 millones de pesos.
El escándalo también alcanza a la política. Sharif Menem, sobrino de Martín Menem, obtuvo un crédito de 357 millones de pesos a los 24 años, con un cargo reciente en la Cámara de Diputados. La diputada Lorena Villaverde consiguió financiamiento pese a que una sucursal le había rechazado previamente la carpeta. Según denunció Esteban Paulón, la aprobación se habría destrabado desde la central del banco, a pesar de que la legisladora enfrenta un embargo por 31 millones de pesos en una causa por presunta estafa vinculada a la venta de terrenos en Las Grutas.
Las preguntas que sobrevuelan el expediente son concretas: si existió una ventanilla VIP para funcionarios, si se cumplieron los requisitos de ingresos y si hubo trato preferencial en los otorgamientos. Paulón pidió acceso a la información al Banco Central y al Nación para conocer los detalles del esquema, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
En paralelo, el abogado Alejandro Díaz Pascual presentó otra denuncia por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. El expediente, que pasó por el juzgado de Daniel Rafecas, quedó finalmente en manos de Ariel Lijo, que suma así otra causa sensible para el Gobierno.
La reacción oficial fue ordenar una auditoría interna sobre más de 40 personas políticamente expuestas. Según la versión del Gobierno, todos los créditos fueron otorgados correctamente y los resultados serán enviados a la Justicia. Sin voceros activos, las explicaciones quedaron en manos del propio Milei y de Caputo.
Lejos de aclarar el panorama, las declaraciones profundizaron la polémica. “¿Haber tomado ese crédito mató gente?”, lanzó Milei. Caputo, por su parte, sostuvo que “no hubo nada ilegal ni inmoral” y definió los préstamos como “una mega oportunidad”. Mientras tanto, el acceso al crédito hipotecario sigue fuera del alcance de la mayoría: nueve de cada diez argentinos no ganan lo suficiente para calificar. En ese contexto, el festival de créditos libertarios dejó de ser una sospecha para convertirse en un escándalo político en desarrollo.
