20/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: El gerente del hospital, Marcelo Nallar. Imagen: Web.
El nosocomio de alta complejidad advirtió que obras sociales, PAMI y otras prestadoras acumulan una millonaria deuda por tratamientos realizados. Aunque seguirá atendiendo, aseguran que la falta de pagos afecta la calidad del servicio y los ingresos del personal.
La deuda de las obras sociales con los hospitales públicos de Salta volvió a encender las alarmas. El Hospital Arturo Oñativia confirmó que las prestadoras acumulan una deuda cercana a los 2.000 millones de pesos y advirtió que la falta de pago comienza a impactar en la atención y en los trabajadores del sistema sanitario.
El gerente del hospital, Marcelo Nallar, explicó que la situación es similar a la denunciada recientemente por el Hospital San Bernardo, aunque aclaró que el Oñativia no puede restringir la atención debido a que concentra tratamientos de alta complejidad que no pueden interrumpirse.
«Somos un hospital público y hay especialidades que simplemente no pueden dejar de funcionar», señaló Nallar, al remarcar que el establecimiento continuará atendiendo a todos los pacientes, tengan o no cobertura médica.
El problema surge porque los hospitales públicos de autogestión reciben un presupuesto estatal destinado principalmente a personas sin obra social, pero terminan absorbiendo tratamientos de afiliados a distintas prestadoras que luego no cumplen con los pagos correspondientes.
El gerente utilizó una comparación para explicar el impacto financiero: «Es como preparar comida para 50 personas y que aparezcan 80. El hospital no va a quebrar porque el Estado lo sostiene, pero sí se afecta directamente la calidad de atención».
Entre los principales deudores aparecen las obras sociales sindicales, el PAMI y algunas entidades privadas. También mencionó casos como OSECAC y Boreal, mientras que con el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) existe un esquema permanente de negociación.
En el caso del PAMI, el hospital logró recientemente un fallo judicial favorable para cobrar unos 57 millones de pesos correspondientes a prestaciones realizadas en 2019, luego de un proceso judicial que demoró siete años.
Aunque el servicio no será suspendido, Nallar reconoció que ya existen dificultades en algunas áreas, especialmente por demoras en autorizaciones de obras sociales para la compra de insumos necesarios para cirugías y tratamientos.
Además, la deuda afecta directamente a los trabajadores. Según explicó, el 50% de lo recaudado por prestaciones a obras sociales se utiliza para pagar adicionales por productividad, que representan entre un 11% y un 20% del salario de muchos empleados.
Desde la conducción del hospital remarcaron que la solución pasa por acelerar el recupero de los fondos adeudados y destacaron una nueva reglamentación provincial que permitirá certificar deudas y agilizar los mecanismos de cobro.
