23/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: ENERGAS. Web.
En medio de una tormenta de salidas dentro del Ejecutivo nacional, este jueves Carlos Casares presentó su renuncia como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), marcando la quinta baja en 24 horas en la gestión de Javier Milei y profundizando la percepción de caos interno en el gabinete.
La carta que oficializó su dimisión no fue una despedida técnica: Casares, que estaba al frente del organismo regulador desde 2023, dejó expuesto que no fue convocado para integrar el directorio del flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), la megaestructura que absorberá ENARGAS y ENRE desde marzo y que será clave para las políticas energéticas del año.
La renuncia, que Casares calificó como “indecclinable” por no contar ya con la confianza política del Ejecutivo, produce un doble efecto: por un lado, deja sin conducción a un área central en plena definición de tarifas de invierno; por otro, exhibe la falta de cohesión y la disputa interna dentro del Gobierno sobre quién manda en el sector energético y con qué orientaciones.
Su salida se enmarca en una cascada de dimisiones que ya incluyó la partida del titular de la Secretaría de Transporte, el jefe de la Unidad de Información Financiera y la renovación completa de las autoridades de Trenes Argentinos, consolidando un clima de inestabilidad y desgaste en la administración nacional.
Tensiones internas, disputas por el nuevo diseño regulatorio y la exclusión de Casares de un rol central en el ENRGE —un organismo clave para avanzar con la desregulación y el recorte de subsidios— revelan que la crisis en el Gobierno ya no es un fenómeno aislado, sino una fractura que atraviesa áreas estratégicas y deja al descubierto conflictos de poder y orientaciones contrapuestas en la conducción política del sector energético.
La salida de Casares no sólo golpea la gestión de un servicio esencial: es la cifra más visible de una interna que empieza a transparentarse para el resto del país, y que pone en cuestión la capacidad del Gobierno para sostener equipos técnicos estables en momentos clave.
