27/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Luis Toto Caputo. Imagen: Juan Fogliana.
La deuda flotante del Estado nacional superó los $3,6 billones al cierre del primer semestre y reavivó los cuestionamientos sobre la solidez del superávit fiscal que exhibe el Gobierno. Especialistas sostienen que la postergación de pagos permitió mejorar el resultado de las cuentas públicas, mientras se acumulan compromisos con provincias, empresas y proveedores.
El equilibrio fiscal que el Gobierno de Javier Milei presenta como uno de los principales logros de su gestión quedó nuevamente bajo la lupa. Al cierre de junio, la deuda flotante de la Administración Nacional alcanzó los $3,63 billones, un fuerte incremento respecto del mes anterior que, según distintos economistas, refleja una creciente postergación de pagos para aliviar las cuentas del Tesoro.
Los datos oficiales de la Tesorería General de la Nación muestran que las obligaciones pendientes crecieron 155% en apenas un mes, alcanzando un monto equivalente al 0,37% del Producto Bruto Interno (PBI).
Para analistas económicos, este mecanismo permitió sostener el discurso oficial del superávit fiscal mientras se demoraban pagos por transferencias, subsidios energéticos, coparticipación y otros compromisos del Estado.
La diferencia entre gastar y pagar
El Ministerio de Economía elabora sus informes fiscales bajo el criterio de «base caja», que registra únicamente los pagos efectivamente realizados. Ese sistema permitió informar un superávit acumulado de $6,2 billones durante el primer semestre, aunque junio cerró con un déficit mensual cercano a $696.000 millones.
Sin embargo, especialistas remarcan que existe una diferencia entre el gasto comprometido y el efectivamente abonado. Cuando el Estado reconoce una obligación pero posterga su cancelación, esa deuda pasa a integrar la denominada deuda flotante.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante junio el Estado comprometió gastos por $18,74 billones, pero solo desembolsó $14,77 billones, ampliando significativamente el volumen de pagos pendientes.
A su vez, la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) estimó que ese stock de deuda equivale al 7,3% del gasto total devengado, lo que implica que el Estado dejó sin cancelar más de siete pesos de cada cien comprometidos.
Economistas cuestionan el resultado fiscal
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostuvieron que, de no haberse incrementado la deuda flotante, el rojo de las cuentas públicas habría sido considerablemente mayor.
Según los cálculos difundidos por esa entidad, la postergación de pagos evitó que el déficit primario alcanzara niveles cercanos a los $2,9 billones, muy por encima del resultado negativo informado oficialmente para junio.
Energía, provincias y proveedores entre los afectados
El diferimiento de pagos también comenzó a generar tensión en distintos sectores. Uno de los principales focos está en el sistema energético, donde empresas vinculadas al Plan Gas aseguran que aún no cobraron importantes montos correspondientes a suministros realizados durante los primeros meses del año.
De acuerdo con fuentes del sector, las obligaciones pendientes rondarían actualmente los 500 millones de dólares, luego de varios meses de retrasos en los pagos administrados por Enarsa.
Otro frente abierto se relaciona con la coparticipación que el Estado nacional debía transferir a la Ciudad de Buenos Aires por orden de la Corte Suprema. Según informes privados, la deuda acumulada fue posteriormente cancelada mediante la entrega de bonos con vencimiento en 2027, una operación que quedó por fuera de la deuda flotante.
El Gobierno defiende su estrategia
Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el equilibrio de las cuentas públicas continúa siendo el eje central del programa económico. El ministro Luis Caputo atribuyó el déficit registrado en junio al pago del medio aguinaldo y al corrimiento del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas desde junio hacia julio.
No obstante, diversos especialistas consideran que esa explicación solo cubre una parte del incremento observado en las obligaciones pendientes y advierten que el crecimiento de la deuda flotante refleja las dificultades del Gobierno para sostener el ajuste fiscal mientras caen los ingresos tributarios y disminuye la actividad económica.
