09/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Cúneo Libarona ataca las herramientas de justicia para la lucha contra la violencia machista. Imagen: Web.
El Gobierno de Javier Milei profundiza su ofensiva ideológica contra los avances en derechos humanos y justicia de género: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, volvió a poner en la mira una conquista normativa clave para abordar la violencia extrema que sufren las mujeres en Argentina al cuestionar la constitucionalidad de la figura de femicidio e impulsar una reforma que acabaría con su sentido original.
Desde el poder, la administración libertaria recalibra conceptos que no son meramente técnicos: bajo la coartada de la “igualdad ante la ley”, Cúneo Libarona plantea que la figura de femicidio es “inconstitucional” por atender exclusivamente a mujeres, al tiempo que propone incorporar un supuesto “hombricidio” para que el sistema penal trate por igual a todas las víctimas de homicidio vinculadas a violencia de género.
Esa pretensión, más que una discusión jurídica abstracta, resulta una volteada directa a la respuesta estatal frente a un flagelo estructural. La tipificación de femicidio, vigente desde la Ley 26.791 de 2012, no fue un capricho estadístico: se diseñó para visibilizar una realidad dolorosa y persistente, con más de 200 mujeres asesinadas por causas de género cada año, y para hacer frente a patrones de control, sometimiento y violencia que no podían ser tratados como simples homicidios comunes.
Sin embargo, en declaraciones recientes —repetidas por medios y redes del Gobierno— el ministro justifica la modificación afirmando que la ley actual es “difusa e imprecisa” y que debe garantizar “proporcionalidad y equidad” incluso si eso implica reformular un instrumento que nació de la urgencia y la indignación popular.
La jugada se inscribe en una estrategia política más amplia: en paralelo se impulsan debates regresivos como la baja de la edad de imputabilidad y otros cambios normativos que tensionan derechos conquistados. Para los movimientos feministas y de derechos humanos, esta ofensiva no es una mera “actualización” legal, sino un intento por desmantelar herramientas que responden a la violencia machista, poniendo en el centro una interpretación abstracta de igualdad que muchas organizaciones señalan como una forma de negar las desigualdades estructurales que sufren las mujeres.
En un país donde cada día se siguen contando femicidios —episodios que hieren a comunidades enteras y a familias—, el mensaje desde el Ejecutivo suena crudo: los crímenes por razones de género se discuten ahora desde la tecnocracia constitucional antes que desde las vidas que faltan.
