14/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Milei con Gobernadores en casa rosada, octubre 2025 . Imagen: Presidencia.
La diputada Marcela Pagano amplió una denuncia y presentó cuadros que, según su análisis, mostrarían una concentración de fondos viales alrededor de votaciones clave del Gobierno. La presentación apunta a determinar si hubo un mecanismo de recursos a provincias a cambio de respaldo político.
Fondos viales y votos: la denuncia que complica al Gobierno
El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente bajo la lupa por el destino de los fondos destinados a obras viales. La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, amplió una denuncia en la que sostiene que existiría una metodología sistemática de giros de dinero a provincias en coincidencia con votaciones clave del oficialismo.
La legisladora presentó cuadros y cálculos con fechas, montos y destinos de los desembolsos que, según su interpretación, permitirían detectar una relación entre el respaldo legislativo de determinadas provincias y la liberación de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial).
La denuncia sostiene que $1,038 billones que debían utilizarse para obras viales no fueron ejecutados con ese objetivo y terminaron colocados en el sistema financiero, según la presentación.
El expediente quedó inicialmente a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Julián Ercolini. Este último certificó otras denuncias vinculadas al mismo tema y podría enviar el expediente al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli, que ya intervienen en otra presentación relacionada con los fondos de SisVial.
La acusación: más fondos cuando había que conseguir votos
Uno de los puntos centrales de la presentación de Pagano es la existencia de períodos en los que los pagos a determinadas provincias se multiplicaron alrededor de votaciones en el Congreso.
Según el análisis incorporado a la denuncia, los desembolsos a provincias consideradas aliadas llegaron a aumentar entre 350% y 400% respecto del promedio habitual.
En esas denominadas “ventanas” de tres días —antes, durante y después de determinadas votaciones— se habría concentrado el 35,3% de todo lo pagado durante el año en apenas diez jornadas.
En total, el Ministerio de Economía habría girado $68.042 millones a provincias durante esas fechas consideradas sensibles.
La coincidencia temporal, sin embargo, no demuestra por sí sola que haya existido un intercambio de votos por dinero. La propia presentación reclama cruzar las fechas de los pagos con las certificaciones de obra y los momentos en que los fondos eran efectivamente exigibles.
Grafico que forma parte de la denuncia de Marcela Pagano Graficos. Imagen: Archivo.
La Ley Bases, el primer caso bajo la lupa
Uno de los episodios señalados se remonta a junio de 2024, cuando el Senado trató la Ley Bases impulsada por Milei.
Según la denuncia, el fideicomiso vial comenzó a registrar movimientos el 10 y 11 de junio, en la antesala de la votación en la Cámara alta.
Luego de esa votación, en la que el oficialismo consiguió la aprobación con el desempate de la entonces vicepresidenta Victoria Villarruel, se liberaron $5.367 millones.
Los fondos fueron destinados, entre otras provincias, a Santa Cruz, Río Negro y Misiones, cuyos legisladores habían tenido participación en el debate de la iniciativa.
Para la votación definitiva en Diputados, casi dos semanas después, se habrían liberado otros $3.262 millones.
Grafico que forma parte de la denuncia de Marcela Pagano Graficos. Imagen: Archivo.
Más fondos alrededor de otras votaciones
La denuncia también identifica movimientos de dinero alrededor de otras iniciativas promovidas o defendidas por el Gobierno.
Uno de los casos mencionados corresponde al 9 de octubre de 2024, cuando Diputados blindó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Ese mismo día se habrían liberado $3.186 millones para obras viales en Tucumán y Misiones.
Otro episodio señalado ocurrió el 12 de diciembre, cuando Vialidad de Misiones habría recibido $3.192 millones, equivalente al total que esa provincia había cobrado durante todo ese año.
La presentación vincula esos movimientos con períodos de negociación política y legislativa, aunque insiste en que la documentación completa debe ser analizada para determinar si existió una relación concreta entre los pagos y las votaciones.
El patrón también aparece en 2025
El análisis presentado por Pagano extiende la comparación hasta 2025.
Después de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se habrían distribuido $6.596 millones en fondos viales 48 horas después, de los cuales $3.885 millones fueron destinados a Santa Cruz.
Otro caso señalado corresponde al proyecto de Ficha Limpia, donde se habrían distribuido $7.895 millones, incluido un desembolso récord de $7.343 millones para Jujuy.
La denuncia también menciona movimientos vinculados con la reforma del régimen de DNU, el Presupuesto 2026 y otras iniciativas tratadas en el Congreso.
2026: la denuncia apunta a un mecanismo que continuaría
Según la presentación, el patrón habría continuado durante este año.
En febrero, alrededor de la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y del Régimen Penal Juvenil en Diputados, se registraron giros por $17.139 millones en fondos viales.
Para la reforma de la Ley de Glaciares, el análisis identifica otros $12.551 millones.
También se mencionan desembolsos por $14.096 millones entre el 19 y el 21 de mayo, en coincidencia con el tratamiento de los proyectos de Ley Hojarasca y Zonas Frías.
Salta aparece entre las provincias mencionadas
La investigación también pone el foco sobre los pagos vinculados con obras en distintas provincias.
En el caso de Salta, la Dirección Provincial de Vialidad habría recibido el 93,9% de determinados fondos dentro de las denominadas ventanas analizadas.
La denuncia también menciona a Tucumán y a una empresa contratista vinculada con obras de la Ruta Nacional 34 en Jujuy. En esos tres casos, los desembolsos alcanzaron $43.786 millones, equivalentes al 52,7% de los pagos de obra registrados durante un período de nueve días.
¿Fondos para obras o herramienta política?
La denuncia plantea una pregunta que ahora deberá ser respondida con documentación: si los fondos fueron liberados porque las obras estaban efectivamente certificadas y debían pagarse o si existió una decisión política de acelerar los desembolsos alrededor de votaciones estratégicas.
Pagano pidió que se analicen los documentos que respaldaron cada giro, las fechas en que los pagos eran exigibles y las correspondientes certificaciones de obra.
También reclamó verificar si las obras financiadas con esos recursos fueron efectivamente ejecutadas.
El punto será clave para determinar si las coincidencias señaladas constituyen simplemente una concentración administrativa de pagos o si, como sostiene la denuncia, formaron parte de un mecanismo de intercambio entre recursos públicos y respaldo político.
Por ahora, se trata de una denuncia en investigación y no de un hecho judicialmente probado. Pero la presentación suma datos y cruces de fechas que podrían poner bajo presión al Gobierno nacional y abrir una nueva batalla política y judicial por el manejo de los fondos viales.
