05/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La comunidad reclamó las liberaciones. Los originarios están hace cuatro días presos. Imagen: Capturas de Video.
Siete integrantes de comunidades wichí de Coronel Cornejo permanecerán al menos 15 días detenidos, acusados de robo en despoblado y en banda. Sus referentes sostienen que tenían autorización para recoger el maíz que queda en el campo después de la cosecha y denuncian que la medida agrava la situación de sus familias.
Ocho integrantes de comunidades wichí de Coronel Cornejo, en el departamento San Martín, fueron detenidos tras retirar maíz que había quedado en una finca luego del paso de las máquinas cosechadoras. Siete de ellos permanecerán al menos 15 días privados de su libertad, mientras que uno fue liberado por razones de salud.
Los hombres están imputados por “robo en despoblado y en banda”, una acusación impulsada por el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, quien además solicitó la prisión preventiva. El pedido fue aceptado por el juez de Garantías Marcelo Alvarado.
El operativo ocurrió el 22 de septiembre, cuando los acusados regresaban de una finca en cinco motocicletas y transportaban 15 bolsas de mazorcas de aproximadamente 50 kilos cada una.
La acusación sostiene que los hombres habrían roto el candado de acceso al campo alrededor de las 21.15, ingresaron al lugar y retiraron el maíz antes de ser interceptados por la Policía.
Sin embargo, referentes de las comunidades sostienen una versión diferente. Afirman que desde hace años el arrendatario de la finca permitía que integrantes de las comunidades ingresaran después de la cosecha para recoger el maíz que quedaba en el suelo, una práctica que se realiza una vez al año.
Uno de los detenidos fue liberado por tuberculosis
Por pedido de la defensora oficial Lorena Babicz, uno de los imputados recuperó la libertad el 28 de septiembre, debido a que padece tuberculosis.
Los otros siete continúan detenidos y, según lo planteado por sus representantes, se espera una nueva audiencia en la que se solicitará nuevamente su liberación.
Mientras tanto, las comunidades reclaman que se revise la situación y cuestionan que la respuesta penal haya recaído sobre personas que, según aseguran, realizaban una práctica habitual para obtener alimentos e ingresos.
El reclamo de las comunidades wichí
Laurentina Nicasio, presidenta de la Fundación Jualá y referente wichí que acompaña a las comunidades de Coronel Cornejo, cuestionó la detención y señaló que el conflicto debe analizarse también en relación con la situación territorial que atraviesan los pueblos originarios del norte salteño.
Según explicó, las restricciones sobre el territorio dificultan el acceso a espacios donde las familias tradicionalmente cazaban, recolectaban alimentos o desarrollaban actividades para subsistir.
Nicasio también advirtió sobre el impacto de las detenciones en las familias de los acusados. Varias mujeres quedaron a cargo de sus hijos mientras sus parejas permanecen privadas de la libertad, y señaló que al menos una de ellas está embarazada.
La referente reclamó además una mayor presencia de los organismos estatales encargados de atender a las comunidades indígenas y cuestionó las dificultades que enfrentan para comprender y acceder a los mecanismos judiciales.
Una práctica que también genera ingresos
La recolección del maíz que queda después de la cosecha constituye, según los referentes comunitarios, una de las alternativas que tienen algunas familias para conseguir alimentos o generar pequeños ingresos.
Nicasio explicó que en determinadas ocasiones los propietarios o encargados de las fincas permiten el ingreso de integrantes de las comunidades para recoger el grano que las máquinas no lograron levantar. En otros casos, señaló, algunos productores incluso compran posteriormente parte de esa cosecha.
El trabajo comienza con la recolección de las mazorcas y continúa con el desgrane. Para obtener una bolsa de 50 kilos de maíz, explicó la referente, puede ser necesario desgranar aproximadamente tres bolsas de mazorcas con marlo.
Se trata de una tarea que demanda varios días y en la que participan distintos integrantes de las familias. La actividad se concentra durante el período de cosecha y representa un ingreso ocasional para quienes la realizan.
Según Nicasio, actualmente algunas familias pueden vender entre ocho y diez bolsas durante un mes, por valores que rondan los 30.000 pesos por bolsa, aunque el monto depende de la oferta y la demanda.
La acusación y otro antecedente en la zona
Los referentes comunitarios también señalaron que, de acuerdo con explicaciones que habrían recibido de policías de Coronel Cornejo, días antes del operativo se había denunciado otro hecho en la misma finca: el supuesto robo de unas 30 toneladas de soja, que habrían sido retiradas en un camión.
Los representantes de las comunidades consideran que ese antecedente podría haber influido en la detención de los hombres, aunque esa relación forma parte de su interpretación del caso.
La situación judicial continuará bajo análisis y los defensores buscarán que los siete detenidos restantes recuperen la libertad.
El caso volvió a poner en discusión la situación de vulnerabilidad de las comunidades wichí del norte salteño, el acceso al territorio y la utilización de la vía penal frente a prácticas vinculadas con la subsistencia.
