21/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Transporte público en Salta. Imagen: Prensa Gobierno de la Provincia de Salta.
Las empresas que prestan el servicio de transporte público en Salta advirtieron que la deuda de SAETA acumula pagos pendientes desde julio de 2026 y que la situación ya impacta en las frecuencias. Reclaman una intervención urgente del gobernador Gustavo Sáenz y alertan que, si no hay una solución, podría complicarse la continuidad del servicio.
El transporte público de pasajeros de Salta atraviesa una nueva situación de tensión. Las empresas prestatarias del servicio denunciaron que SAETA mantiene pagos pendientes desde julio de 2026 y advirtieron que la falta de recursos ya comenzó a repercutir en la prestación, con reducción de unidades y frecuencias.
Las compañías reclamaron una solución urgente y pidieron la intervención del gobernador Gustavo Sáenz para destrabar el conflicto. Según plantearon, si las condiciones actuales se mantienen, podrían profundizarse las restricciones y aparecer dificultades para cumplir con las obligaciones económicas necesarias para sostener el servicio.
La advertencia fue difundida mediante una solicitada firmada por las empresas que operan en el sistema metropolitano. En el documento expresaron su preocupación por el deterioro de un servicio que utilizan diariamente miles de salteños.
Reclaman pagos atrasados desde julio
Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con los pagos que, según las prestatarias, SAETA adeuda por servicios ya prestados desde julio de este año.
Las empresas sostienen que esta situación redujo su capacidad financiera para afrontar los gastos necesarios para mantener la operación cotidiana. Entre las obligaciones que deben cubrir se encuentran los compromisos vinculados al funcionamiento de las unidades, el personal y otros costos operativos.
El conflicto ya tuvo consecuencias visibles para los pasajeros. En las últimas semanas, las empresas habían advertido sobre las dificultades para sostener el esquema habitual de servicio y ahora reconocen que la reducción de frecuencias ya está afectando a los usuarios.
Las prestatarias aseguran que cuentan con la flota y el personal necesarios para brindar el servicio, pero responsabilizan a la conducción de SAETA por las dificultades financieras que atraviesa actualmente el sistema.
Fuerte advertencia sobre la continuidad
El planteo empresario eleva el nivel de preocupación: las compañías advierten que, si no se regularizan los pagos, podrían quedar imposibilitadas de afrontar sus propios compromisos.
En ese escenario, sostienen que estaría en riesgo la posibilidad de mantener la continuidad y normalidad del transporte público en Salta.
No se trata de la primera advertencia durante este mes. A comienzos de septiembre, las empresas ya habían alertado sobre una situación financiera crítica y habían señalado que disponían de combustible para pocos días de operación si no se regularizaban los pagos.
Por su parte, SAETA había reconocido dificultades financieras y señalado que gestionaba ante el Gobierno provincial una asistencia extraordinaria para afrontar el déficit operativo. Al mismo tiempo, el organismo intimó a las empresas a garantizar la continuidad y regularidad del servicio.
Las empresas apuntan a SAETA y piden intervención de Sáenz
En la nueva solicitada, las prestatarias reclaman que se cumplan las condiciones establecidas en los contratos y que exista previsibilidad para las empresas que realizaron inversiones destinadas al funcionamiento del sistema.
También remarcan el impacto laboral que tiene la actividad y advierten sobre las consecuencias que podría generar una profundización de la crisis.
El reclamo apunta directamente al Gobierno provincial. Las empresas solicitaron la intervención de Gustavo Sáenz para encontrar una salida que permita normalizar los pagos y evitar que el conflicto termine afectando todavía más a los pasajeros.
El pedido se produce después de varias semanas de cruces y advertencias entre las empresas y SAETA por la situación financiera del sistema.
“Está en juego” el transporte de miles de salteños
Las prestatarias remarcaron que el transporte público constituye un servicio esencial y rechazaron que pueda convertirse en una variable de ajuste.
Su preocupación central es que el conflicto financiero termine trasladándose directamente a los usuarios mediante menos colectivos, mayores tiempos de espera y nuevas restricciones.
Las empresas aseguraron que mantienen su voluntad de continuar operando, pero condicionaron la normalización del servicio a la regularización de las obligaciones pendientes y a la existencia de condiciones que permitan sostener la actividad.
El documento lleva las firmas de Walter Pérez, de Ahynarca SA; María Soledad de La Paz Montero, de Ale Hnos. SRL; Álvaro Giménez, de El Cóndor SA; Juan Facundo Cornejo, de Alto Molino SRL; Pablo Ale, de Transal SRL y Eduardo SRL; y Sebastián Mihelj, de Transporte Automotor del Valle SRL.
La advertencia final deja planteado el eje del conflicto: las empresas sostienen que está en riesgo la continuidad del transporte público y el derecho de miles de personas a trasladarse diariamente.
Con información de Salta/12 para Página/12.
