13/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Archivo.
La Cámara de Diputados de Salta dio marcha atrás con el polémico proyecto que amenazaba con vaciar de recursos al Observatorio de Violencia contra las Mujeres y al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, luego de una fuerte presión social, política y mediática que dejó al oficialismo contra las cuerdas.
Tras días de tensión y rechazo generalizado, el saencismo terminó modificando por completo la iniciativa original que proponía que representantes de distintos organismos trabajaran ad honorem, una medida que había sido denunciada como un intento de precarización y desmantelamiento institucional.
El nuevo texto aprobado establece finalmente que cada poder del Estado deberá financiar con su propio presupuesto a los representantes que designe dentro de ambos organismos. De esta manera, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados deberán hacerse cargo de las remuneraciones correspondientes.
La decisión implicó un claro retroceso político del oficialismo provincial, que había quedado fuertemente golpeado por las críticas de organizaciones feministas, organismos de derechos humanos, trabajadoras del Observatorio y distintos sectores políticos.
La diputada Laura Cartuccia intentó defender el nuevo esquema como una “solución razonable” frente al contexto económico, aunque dentro del recinto ya era evidente que el Gobierno buscaba apagar el incendio político generado por el proyecto original.
Uno de los momentos más delicados de la sesión llegó cuando el diputado Luis Mendaña reveló que figuraba como coautor de la iniciativa sin haber sido consultado. “El proyecto original no tiene nada que ver con mi pensamiento”, lanzó, dejando expuesta una interna y un nivel de improvisación que golpeó directamente al oficialismo.
Mendaña calificó como “una locura” la posibilidad de desfinanciar organismos de control y sostuvo que justamente en contextos de crisis económica es cuando más deben fortalecerse las instituciones encargadas de monitorear violencia institucional, violencia de género y derechos humanos.
El debate también dejó fuertes cruces ideológicos. La diputada Socorro Villamayor defendió la autonomía del Observatorio y cuestionó los intentos de colocarlo bajo la órbita del Poder Ejecutivo, algo que, según advirtió, habría destruido la independencia del organismo.
En contraste, el diputado Guillermo Durand Cornejo quedó completamente aislado al votar en contra y lanzar un discurso contra las políticas de género y la propia existencia del Observatorio. Sus declaraciones generaron rechazo incluso entre legisladores conservadores.
La diputada Mónica Goicoechea respondió duramente y sostuvo que negar la violencia de género “parece un retroceso de mil años”. En la misma línea, Mónica Juárez advirtió que “los temas de mujeres no pueden tratarse con lo que sobra” y defendió la necesidad de que estos espacios cuenten con recursos reales y personal remunerado.
Por su parte, Frida Fonseca vinculó el debate con el contexto nacional de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y alertó sobre el riesgo de desmantelar políticas públicas vinculadas a violencia de género y derechos humanos.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con un solo voto en contra y pasará ahora al Senado provincial. Pero el daño político ya quedó expuesto: el oficialismo abrió una crisis innecesaria, quedó obligado a retroceder y terminó exhibiendo tensiones internas, desorden legislativo y fuertes cuestionamientos públicos.
