09/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Cámara de Diputados de la Provincia de Salta.Imagen: Prensa Gobierno de la Provincia de Salta.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes dos proyectos enviados por el Ejecutivo provincial que habilitan operaciones de financiamiento por hasta US$250 millones. El paquete contempla una nueva emisión de deuda de hasta US$150 millones para afrontar vencimientos del Plan Bicentenario y un préstamo de US$100 millones del Banco Mundial destinado a obras de infraestructura.
La votación tuvo el respaldo del oficialismo y sus aliados, mientras que los diputados de La Libertad Avanza y el Partido de la Reconquista rechazaron las iniciativas. Entre los principales cuestionamientos aparecieron las condiciones financieras, las garantías comprometidas y, especialmente, el tratamiento de los proyectos sobre tablas.
Una nueva deuda para cubrir vencimientos
Uno de los proyectos autoriza al Gobierno de Gustavo Sáenz a emitir un título de deuda pública por hasta US$150 millones. El objetivo es reemplazar los compromisos pendientes del denominado Plan Bicentenario, cuya deuda todavía concentra vencimientos importantes entre 2026 y 2027.
El esquema contempla pagos por US$50,34 millones durante el segundo semestre de 2026, otros US$48,44 millones en el primer semestre de 2027 y US$46,54 millones en el segundo semestre de ese año. En total, los vencimientos alcanzan los US$145,32 millones.
La propuesta busca extender los plazos de pago y evitar que esos vencimientos se concentren en un período corto. Para respaldar la operación, el proyecto contempla la posibilidad de utilizar recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos como garantía.
El ministro de Economía provincial, Roberto Dib Ashur, defendió la estrategia financiera y señaló que el stock de deuda de Salta pasó de US$640 millones en 2019 a US$346 millones en 2025. Según las proyecciones oficiales citadas durante el debate, la deuda alcanzaría los US$373 millones en 2026 y descendería a US$255 millones en 2027.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que todavía no pueda conocerse con precisión cuál será el costo definitivo de la nueva operación. José Gauffín reclamó información sobre la tasa, los plazos, las garantías y el impacto que podría tener el uso de la coparticipación.
El legislador también puso en duda el concepto de “deuda heredada” utilizado por el oficialismo y pidió mayores precisiones sobre qué compromisos están incluidos dentro del stock informado por la Provincia.
Otros US$100 millones para infraestructura
La segunda operación aprobada contempla un crédito de hasta US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo perteneciente al Banco Mundial.
A diferencia de la emisión destinada a refinanciar deuda, este préstamo está orientado a financiar un programa de infraestructura resiliente y desarrollo económico regional.
El crédito contempla un plazo de 32 años de amortización, siete años de gracia y hasta seis años para los desembolsos. Los fondos se utilizarán de manera progresiva a medida que avance la ejecución de los proyectos y se certifiquen las obras.
Entre las principales intervenciones aparece la rehabilitación y repavimentación de 24 kilómetros de la ruta nacional 51, entre Campo Quijano y San Antonio de los Cobres.
El programa también incluye infraestructura para nodos logísticos, ampliación de redes de agua potable y saneamiento en la Puna y fortalecimiento de las capacidades destinadas a la gestión y fiscalización del sector minero.
Las obras alcanzarán sectores de Rosario de Lerma, Los Andes y General Güemes, con intervenciones previstas en Campo Quijano, San Antonio de los Cobres, Olacapato y Güemes.
Desde La Libertad Avanza reconocieron que los créditos de organismos internacionales pueden ofrecer condiciones más favorables y mecanismos de control, aunque remarcaron que esta operación sí implica un incremento del endeudamiento provincial.
El tratamiento sobre tablas generó críticas
Más allá del contenido económico, uno de los principales puntos de conflicto durante la sesión fue la decisión de avanzar con ambos proyectos sobre tablas, es decir, sin el tratamiento legislativo ordinario previo.
La oposición cuestionó la velocidad con la que se discutieron operaciones de semejante magnitud. El oficialismo, en cambio, defendió el procedimiento y sostuvo que el financiamiento resulta necesario para administrar los vencimientos y sostener inversiones en un escenario de menores recursos.
De esta manera, la Provincia quedó habilitada a avanzar con operaciones que, en conjunto, alcanzan los US$250 millones, aunque se trata de mecanismos diferentes: uno apunta principalmente a reperfilar deuda existente y el otro a financiar un programa de infraestructura.
Sexta prórroga de la emergencia por violencia de género
En la misma sesión, Diputados aprobó definitivamente una medida que vuelve a poner en el centro la situación de la violencia de género en Salta: la sexta prórroga de la Ley 7857, que mantiene por otros dos años la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género.
La emergencia fue declarada originalmente en 2014 y posteriormente prorrogada en 2016, 2018, 2020, 2022 y 2024. Con esta nueva decisión, la herramienta continuará vigente después de 12 años de su declaración inicial.
Los datos que acompañaron el tratamiento muestran que la problemática continúa teniendo una fuerte presencia en la provincia.
Durante 2025 se registraron 28.314 denuncias en la Oficina de Violencia Familiar y de Género. En 2016 habían sido 14.695, lo que representa un aumento cercano al 93% en nueve años.
La tendencia también se mantiene durante 2026. Solo en el primer semestre de este año se contabilizaron 12.008 denuncias por violencia por motivos de género, un 5,2% más que durante el mismo período de 2025.
La prórroga habilita al Poder Ejecutivo provincial a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas destinadas a atender la emergencia.
Así, mientras la Legislatura habilitó nuevas herramientas de financiamiento por US$250 millones, también extendió por sexta vez una emergencia que lleva más de una década vigente y cuyos registros muestran que la violencia de género continúa siendo un problema estructural en Salta.
