20/01/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Emergencia en discapacidad, el Gobierno de Milei sigue ignorando la ley y ahora enfrentará sanciones judiciales. Imagen: Web.
El corazón de la batalla política y judicial por los derechos de las personas con discapacidad volvió a encenderse: una abogada especializada en la materia presentó ante el Juzgado Federal de Campana una denuncia formal por el flagrante incumplimiento del fallo que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso.
La presentación de Marta Lastra no es un gesto simbólico, sino un ataque directo al cinismo oficial: mientras el Gobierno argumenta que debe reglamentar la norma para poder ejecutarla, la denuncia asegura que esa reglamentación tardía —y estratégica— es simplemente una excusa dilatoria para seguir postergando derechos elementales.
Según el escrito presentado, el Estado no necesita más voluntarismo ni explicaciones para actualizar aranceles, restituir pensiones ya dadas de baja o facilitar el funcionamiento de las instituciones que hoy están al borde del cierre por falta de recursos y respuestas. Todo ello, dicen, forma parte de la propia letra de la ley que el Gobierno se niega a implementar.
Este nuevo capítulo judicial se inscribe en una secuencia de maniobras dilatorias del Ejecutivo para no cumplir con una norma que fue sancionada con amplia mayoría legislativa tras el rechazo de su veto inicial. A pesar de eso, el presidente condicionó la entrada en vigor al presupuesto y a la definición de partidas específicas, dejando de lado la urgencia social que la ley pretende atender.
La denuncia busca ahora que se ejecute la sentencia y que el incumplimiento del deber de funcionario público sea castigado. Más allá de la batalla jurídica, lo que está en juego es que un gobierno use la reglamentación como dispositivo de obstrucción política, y no como instrumento de cumplimiento de derechos básicos. En la práctica, mientras el Estado sigue aplazando sus obligaciones, miles de personas con discapacidad y sus familias siguen esperando soluciones que la ley ya debería garantizar.
